La última vez que un ex funcionario fue a prisión en el estado acusado de malos manejos económicos, no por persecución o venganza política, fue cuando el gobernador entrante Agustín Acosta Lagunes ordenó aprehender al hoy convergente José Luis Lobato Campos, quien acababa de dejar la dirección del Instituto de Pensiones del Estado con el gobierno de Rafael Hernández Ochoa.

 

Por aquel entonces había contados medios informativos, que además estaban prácticamente sometidos a los gobiernos priistas (de hecho no existía la oposición), lo que aunado a que la detención duró pocas horas por la intervención de influyentes políticos, no tuvo mayor repercusión en la opinión pública.

 

Se habló entonces de una venganza política, aunque el famoso don Agustín había sido contralor del gobierno federal, analista bancario, funcionario de Hacienda, etcétera, lo que lo hacía un experto en el manejo y administración de recursos –un caso similar al del hoy secretario de Finanzas y Planeación Tomás Ruiz González– y por lo tanto se supone que sabía lo que hacía. Pero, para utilizar una frase muy manida en el pasado reciente, se trató de un verdadero caso aislado.

Por eso, la decisión del gobernador Javier Duarte de ordenar proceder contra 115 ex malos servidores públicos municipales –ex alcaldes, ex síndicos, ex regidores, ex tesoreros municipales y ex directores– no tiene precedente.

 

 En esto es congruente y consecuente con lo que dijo al tomar posesión el pasado 1° de diciembre de que haría un buen gobierno que desterraría las prácticas de corrupción, que actuaría bajo el irrestricto apego a la ley, “pues sólo en ella hay certidumbre”, y que actuaría con firmeza para brindar un gobierno que atienda a los veracruzanos, “que quede claro”. Ya ha quedado bastante claro.

La medida no puede verse aislada de otra que anunció horas antes, el jueves 27, consistente en un programa de reducción del gasto corriente de las entidades dependientes del ejecutivo del estado en 6 mil millones de pesos, por lo que cada una deberá hacer un ajuste del 25 por ciento.

 

A los ciudadanos, a los que pagan puntualmente sus impuestos, los que indefensos y ya no tan sorprendidos porque se ha vuelto una práctica común ver que administración con administración municipal y sexenal salen hornadas de nuevos ricos y millonarios, ambas medidas, sin duda alguna, les ha gustado y han renovado y fortalecido su confianza y credibilidad en el nuevo gobernador.

Tiene muchas lecturas y muchos efectos lo sucedido en las últimas horas. Por un lado, más que las medidas de austeridad y ajuste de cinturón, que siempre se anuncian pero luego los gobernantes no pueden ocultar el gasto indiscriminado y hasta el despilfarro que hacen en nombre del gobierno, lo que sin duda lo ayudará a legitimar su gobierno plenamente, que alcanzó con apenas poco más de la mitad del voto ciudadano, es el ejercicio de la acción penal contra los ex malos servidores públicos municipales. Más sobre todo cuando las órdenes de aprehensión han sido plurales porque contemplan a ex funcionarios de todos los partidos políticos.

Esto también hará –seguramente bien pensando– que quienes han pagado sus impuestos queden tranquilos y esperanzados de que tendrán buen destino, que los que están reticentes a cumplir con sus obligaciones fiscales ahora sí se decidan a hacerlo y que quienes se oponen empiecen a dudar si mejor cumplen.

Mediáticamente se fortalece la imagen del gobernador sin necesidad de estridencias, declaraciones al por mayor, fotografías e imágenes televisivas, ya que si en este momento se hiciera un sondeo o una encuesta para medir la aprobación a su corta gestión y el nivel de popularidad, sin ser nada popular y menos populista, sin duda alcanzaría la mayor aprobación. Ha sido el suyo, ni duda cabe, un golpe mediático certero y contundente.

Hechas las cosas como se han hecho, nadie puede acusarlo de que esté haciendo campaña o precampaña electoral a favor de su partido de cara a las cruciales elecciones del año que viene, aunque, sin duda, también se ha tratado de un acto de precampaña o de campaña proselitista, pues lo hoy hecho habrá de repercutir en las urnas.

 

A los veracruzanos en edad de votar les ha dado un punto de apoyo para comparar la administración estatal con la federal. Felipe Calderón jamás se ha atrevido a tanto.

 

Duarte queda como un gobernante que actúa en defensa de los intereses económicos de sus representados, con apego a la ley y con firmeza, lo que en el lenguaje popular se traduce como que “los tiene bien puestos”.

 

Lo curioso es que los mismos panistas representados en el Congreso local le han expresado públicamente su apoyo.

(En medio de todo esto, extraña que ni la dirigencia estatal del PRI ni las de sus sectores salieron a cacarear el huevo tan pronto se hicieron oficiales las medidas, lo que refleja la modorra en que ha caído el tricolor en Veracruz, porque lo sucedido era como para haber hecho todo y el mayor ruido posible, haber puesto como ejemplo a las autoridades emanadas del Revolucionario Institucional y, aquí sí, para haberle expresado todo el respaldo al gobernador, lo que en cambio sí se hizo en el Congreso local tanto por parte de la diputación tricolor en voz de Jorge Carvallo Delfín, de la panista a través de Danilo Alvízar Guerrero, así como de la perredista en la persona de Rogelio Franco Castán).   

Todo esto está bien aunque sería todavía mejor si se procediera también contra los peces gordos municipales, muchos de los cuales ha sido señalados públicamente, porque ahora se ha tratado de puros charalitos, topotitos como los de Catemaco, y todavía sería mucho mejor si se aclarara si es cierto que el ejecutivo del estado gastó casi medio millón de pesos en viajar a Chilpancingo, Guerrero, para apoyar al candidato priista a gobernador de esa entidad, según publicó el diario Notiver en su edición del viernes; si en todo caso lo hizo si fue con recursos públicos o de su peculio personal, que si también avanza en el renglón de la transparencia, entonces la faena será completa.