​Apenas dos días después de que el diario El Universal había publicado que el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades estadounidenses por un presunto soborno en la operación de compra-venta de la empresa Fertinal por parte de Pemex, sorpresivamente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede, antes Fepade) determinó que las acusaciones en contra de Odebrecht por supuestamente financiar la campaña presidencial de Peña en 2012 ya han prescrito y que por lo tanto no son válidas.

Aunque aparentemente no tienen que ver un caso con otro, la exoneración de la Fede ayudó a bajarle ruido al escándalo que había provocado la nota del periódico y entonces también sorpresivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia mañanera que el gobierno norteamericano no había notificado al suyo de la presunta investigación, con lo que le bajó más el volumen y relegó casi al olvido la información periodística. 

Pero AMLO fue más allá. Sostuvo que no hay que apostar al castigo ni vivir anclado al pasado, expresando la posibilidad de que no se lleve a cabo una consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, a menos que los ciudadanos así lo exijan.

“No creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal”, expresó y adelantó que si se realizan foros sobre la consulta, él mismo iría a pronunciarse en contra de que se persiga a los extitulares del Ejecutivo federal.

“En esencia, (lo que he planteado) es no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante, eso fue lo que plantee, justicia también significa prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia adelante, en lo que a nosotros nos corresponde con honestidad, y no permitir la corrupción”.

¡Ajá! De modo que el adalid del combate a la corrupción está permitiéndola y fomentándola al tolerar la impunidad de quienes en buena medida le dieron en la madre al país, Peña Nieto entre otros. Con su postura de que la persecución no es lo mejor ni apostar al castigo de los responsables, Javier Duarte nunca hubiera pisado la cárcel. No hay que ser un sesudo analista para entender que el tabasqueño está protegiendo ahora al priista. Tiene su razón de ser.

Durante el proceso electoral presidencial de hace un año, el gobierno de Peña combatió con todo al candidato panista Ricardo Anaya al grado de enjuiciarlo penalmente y cuando vio que su candidato José Antonio Meade no levantaba ante el electorado, en lugar de tratar de reforzarlo, usó todo su poder para que el priismo y sus satélites (entre ellos los verdes) se sumaran con todo a los candidatos de Morena, esto es, ayudó a ganar a López Obrador. Este se muestra ahora agradecido y lo protege.

En “Prosa aprisa” del 3 de junio comenté que en la comida que tuvo lugar el 31 de mayo en el rancho San Julián, en el municipio de Perote, encabezada por José Antonio Meade para agradecer a los candidatos locales y federales que promovieron el voto a su favor, llegaron el hijo de Fidel Herrera Beltrán, Javier Herrera Borunda, y el dirigente estatal del PVEM, Marcelo Ruiz, quienes fueron invitados porque desobedecieron la instrucción de dejar de apoyar al propio Meade y a Pepe Yunes y sumarse a Morena.

Por eso no estaba mal el doctor José Narro cuando al renunciar a su militancia priista de 46 años el miércoles 19 pasado denunció “groseros indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección”, lo que consideró grave y preocupante.

De hecho desde Peña Nieto se permitió la intervención del morenismo en el rumbo del priismo, y ahora cuantimás se va a fortalecer la alianza o la  dependencia de los tricolores respecto de los magenta, dando vida plena al PRI-MOR, cuando los morenistas tienen el poder presidencial.

¿Aplicará protección también para Yunes y los suyos?

Después de la postura asumida y anunciada por López Obrador respecto a los exs, cabe preguntar si entonces en Veracruz el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus colaboradores, incluso los duartistas, pueden dormir ya tranquilos y tirar los amparos al cesto de la basura, sabiendo que el propio presidente proclama el no castigo para ellos, representantes del pasado.

El pasado 4 de junio, el auditor general de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, presentó ante la Fiscalía General de la República tres denuncias de hechos constitutivos de delitos en contra de quien o quienes resulten responsables en la administración del gobierno de Yunes Linares.

Según informó ese día ante periodistas en la Ciudad de México, una es por la mala calidad e inoperancia del Sistema Estatal de Videovigilancia, en el que se invirtieron mil 100 millones de pesos en la instalación de 6 mil 476 cámaras en todo el Estado, las cuales, declaró, no cumplen con las condiciones establecidas en el contrato, ya que no pueden registrar placas ni modelos de vehículos.

La segunda es sobre el registro contable de la Cuenta Pública consolidada 2017, en la que se registraron irregularidades por más de 8 mil millones de pesos;  y la tercera es por la revisión de la deuda pública y disciplina financiera 2017, en donde existen irregularidades por 27 mil millones de pesos.

El órgano fiscalizador superior cumplió ya, y se supone que cuando su titular Portilla Vásquez decidió acudir a la propia FGR es porque llevó todas las pruebas, o sea que ha cumplido como organismo de apoyo al Congreso local, que es decir más ampliamente de los intereses de los veracruzanos. Está por verse si las denuncias son atendidas o son enviadas al almacén de los archivos muertos.

Caso hospital de Tonalapan, otro asunto pendiente

Presuntos casos de corrupción por investigar, denunciar y actuar hay muchos. Uno de ellos es el del hospital comunitario de Tonalapan, del municipio de Mecayapan en la Sierra de San Pedro Soteapan.

Se sabe que en la Contraloría interna del Sector Salud existe un expediente sobre casos de represión, robo, venta de plazas y otorgamiento de contratos en forma irregular, así como de despidos injustificados en la administración de la exdirectora del nosocomio doctora Grindelia Domínguez Morales.

Lo que trasciende es que las irregularidades se dieron al amparo de los exdirectores de Atención Médica, Gabriel Riande Juárez, y del exsubdirector de Atención Hospitalaria, Efraín Rivera Roa.

Presuntamente se detectó un faltante por más de un millón de pesos en equipo, lo que ha obligado a la directora del DIF Acayucan a regresar diversos artículos por las noches, como camillas, material quirúrgico, camas, ultrasonidos Doppler e insumos, argumentando que estaban en las bodegas del propio hospital.

Así también la jefa de Recursos Humanos, Magdalena Ordoñez Romay habría vendido contratos hasta en 50 mil pesos, en contubernio con dirigentes sindicales y otra persona de nombre Marisela Domínguez Paredes.

Se tendría detectada la venta de medicamentos, insumos, material y equipos médicos, a través de personas encargadas del almacén y del mantenimiento. Una persona identificada como Fabiola sería la responsable, además de que daba préstamos a unidades privadas, que no han regresado nada, por lo que no se pueden realizar ultrasonidos ni electrocardiogramas.

Trabajadores habrían dado su testimonio de que la nueva administración se ha mostrado abierta y se trabaja mejor, y esperan que se investiguen las irregularidades y se recupere el patrimonio del hospital. Ya se verá también si se procede.