​Especialistas en meterse en problemas en forma innecesaria y sufrir severos reveses legales, las autoridades estatales van derecho a otro frentazo contra la pared de concreto en el caso del municipio de Mixtla de Altamirano.

Personas enteradas a fondo del tema y conocedoras de la mecánica legal están seguras que si los ediles depuestos por la Legislatura para nombrar un Consejo Municipal interponen un amparo echarán abajo lo que consideran una arbitrariedad y un acto fuera de la ley.

Remiten a los artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica del Municipio Libre donde queda claro que no se da ninguno de los supuestos legales no obstante lo cual el cuerpo legislativo, de mayoría morenista, votó deponer al ayuntamiento en funciones.

Ayer el caso amenazaba en convertirse en un problema mayor pues los agentes y subagentes municipales (y atrás de ellos la mayoría de la población) del municipio de la Sierra de Zongolica advirtieron que no permitirán la instalación del Consejo Municipal que pretenden desde el Palacio de Gobierno.

Así, el Gobierno del Estado secundado por la bancada morena en el Congreso abrió ya dos frentes, uno legal y otro de rebelión popular. Se advierte que como no tienen problemas quieren ahora incendiar la Sierra de Zongolica, porque cuidado que los paisanos de la sierra cuando se enojan son bravos de verdad.

En fuentes de la Legislatura se comenta que quien empinó al gobernador en el problema fue el secretario de Gobierno, para variar; o sea, otra raya al tigre.

Que están tras exgobernadores

Declaró ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la Fiscalía General de la República (FGR) “está detrás” de los exgobernadores Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

A diferencia del locuaz secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien aventura señalamientos, el mandatario estatal dijo que por diversas irregularidades durante sus gestiones, lo que es probable porque hay señalamientos concretos de organismos autorizados como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Del gobierno de Duarte no hay ninguna duda del grave daño patrimonial que causó por el mal uso que hizo de recursos estatales y federales.

El 4 de noviembre de 2016, a días de que concluyera su sexenio, aunque ya andaba prófugo de la justicia, el portal informativo animalpolitico informó que para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los desvíos de Duarte imponían récord histórico.

“El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, dijo que las irregularidades encontradas en las cuentas públicas de Veracruz eran históricas pues desde el año 2000 –que nace la Auditoría– no se habían sumado tantas denuncias y desvíos”, consignó.

Para entonces sumaban ya 60 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades en el manejo de recursos federales, y según cálculos de la ASF el daño patrimonial causado al erario superaba los 60 mil millones de pesos solo de partidas federales, aparte las estatales por las que la Fiscalía local le fincó cargos por peculado, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. 

Las irregularidades corresponden a las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2014, y faltaban las de 2015 y 2016. 

Entonces más que andar “detrás” de Duarte, lo que FGR buscaría sería fincarle nuevos delitos porque ya lo tiene asegurado tras las rejas, o atrapar a excolaboradores suyos.

Exfuncionarios yunistas, en la lista

Con el gobierno de Yunes es otro cantar. Hasta ahora ni la FGR ni la Fiscalía General del Estado han hecho una acusación directa contra el exgobernador, pero tampoco hay duda de que hubo irregularidades en el manejo de recursos federales durante su administración, lo que investigó, documentó y denunció el ORFIS directamente a través de su titular Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Hasta ahora, igual, no se puede ser contundente y afirmar que la FGR ya anda “detrás” de Miguel Ángel, aunque tampoco se puede asegurar que no pueda ocurrir. Todo dependerá del resultado de la investigación que realice o que realiza por la denuncia que interpuso Portilla.

A la fecha, el auditor superior de Veracruz ha documentado daño patrimonial por un monto global de 1,248.5 millones de pesos causado por exfuncionarios yunistas, cifra de la cual 204.5 millones son de recursos estatales, por lo que ya hay denuncias en la Fiscalía General del Estado, y 1,044 millones de recursos federales, motivo por el que se pidió la intervención de la Fiscalía General de la República.

Pero esas cifras corresponden solo a la cuenta pública 2017, si bien la de recursos federales incluye parte de 2018 ya que fue hasta entonces cuando se ejerció el dinero que se destinó para las cámaras de videovigilancia. Se espera que a mediados de agosto próximo se determine el monto del daño patrimonial de la cuenta pública 2018. Actualmente se está en la etapa de solventación (comprobación) del uso de los recursos por parte de funcionarios que los ejercieron.

Contrario al secretario de Gobierno, el titular del ORFIS, Portilla Vásquez, ha presentado ya denuncias por la seguridad que tiene de las irregularidades, sustentadas en pruebas. Si bien él es técnico y hace solo su trabajo de fiscalización, si el gobernador quiere aprovechar la circunstancia para que se actúe contra sus predecesores tiene que apoyarse en sus denuncias para no correr el riesgo de hacer un oso como los de Eric Cisneros Burgos.

Las fiscalías tienen obligación de actuar

La FGR, que se sepa, todavía no “está detrás” del exgobernador Yunes, pero tiene ya material para empezar a investigar, a lo que se habrá de agregar la denuncia que en su momento presente la ASF contra la administración yunista, pues paralelamente investiga el uso de recursos federales en la compra de las famosas cámaras de videovigilancia, para lo cual incluso la semana pasada estuvieron en Xalapa auditores federales recabando toda la información posible sobre el caso.

Así, corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la General de la República determinar quiénes son los responsables del daño patrimonial y proceder en consecuencia. Ambas instituciones serán las que dirán si resulta implicado o no el exgobernador Yunes.

Hasta ahora, por lo que hace a la Fiscalía local, no se sabe qué tanto ha avanzado en su investigación, existiendo la duda de que de veras vaya a actuar por el origen yunista del fiscal Jorge Winckler Ortiz, es decir, que estaría protegiendo a sus excompañeros de equipo político.

Creo que más que proclamar que la FGR ya “anda detrás” de Duarte y de Yunes, el gobernador debiera no involucrarse directamente para no politizar el trabajo de auditoría, pero sí a nombre de los veracruzanos exigir lo mismo al fiscal estatal que al federal que avancen en su investigación con base en lo que ya les documentó el ORFIS, que exija que se aplique la ley contra quien resulte responsable, que vigile que no haya impunidad y, sobre todo, que busque que se repare el daño causado al patrimonio estatal.