En la primera quincena de julio, en el transcurso de un desayuno, alguien que conoce hasta las alcantarillas del Congreso local por dentro me aseguró que ya había un arreglo entre los diputados de Morena y los de oposición y que no me extrañara que en las votaciones que vendrían, a diferencia de lo que había sucedido con el caso Winckler, las iniciativas del gobernador Cuitláhuac García serían votadas a favor.

Había habido una valiosa moneda de cambio para lograr la nueva actitud de los diputados de oposición, me dijo: que les habían ofrecido algunas de las trece magistraturas que estaban pendientes por designar, esto es, que se las habían repartido y que todos habían quedados conformes y contentos.

Los hechos parecieran confirmar la versión. Ya no hay oposición, votos en contra de las iniciativas que se presentan, y el próximo viernes podría consumarse el reparto de dichas magistraturas pero conforme a los intereses políticos, de los partidos, con el aval del titular del Ejecutivo.

Ayer me referí a un artículo que publicó el investigador de la Universidad Veracruzana, Alberto J. Olvera, en el diario El País, que tituló “Los poderes, desaparecidos”. Ahí se refiere a las vacantes de magistrados y habla de la “ausencia de instituciones democráticas operativas, vacío que se expresa en violaciones sistemáticas a la ley desde los propios poderes del Estado”. A su juicio, “lo que hoy observamos es la continuidad con el pasado, no el inicio de algo nuevo”.

¿Alguna duda al respecto?

AMLO quiere honestos, no mercaderes

Ayer me llamó la atención el anuncio del presidente López Obrador de que en los próximos días enviará al Senado de la República la terna para ocupar la vacante que dejó el exministro Eduardo Medina Mora. Dijo que “será gente honesta, no mercaderes”.

En rueda de prensa en Palacio Nacional expresó que quienes sean propuestos deberán ser hombres y/o mujeres honestas. “Que no sean mercaderes, traficantes de influencia, gente recta”.

Ante las acusaciones de que actúa por venganza contra Medina Mora, señaló: “No soy como ellos, soy demócrata, vamos a proponer a gente honesta porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero… su Dios es el dinero y, además de ser reaccionarios, son corruptos, ocupan cargos para enriquecerse”.  Dijo que llenaron el gobierno, tomaron todos los poderes, confiscaron poderes durante el periodo neoliberal.

Creo que le dio el sustento necesario al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que proponga ternas de aspirantes a una de las magistraturas, gente con el perfil necesario, con experiencia, al margen de intereses políticos, pensando en los más idóneos porque se va a poner en sus manos la impartición de justicia para todos los veracruzanos.

El gobernante debe aprovechar el mensaje del presidente y la ambición y la codicia de algunos diputados que se inconformaron con el reparto y evitaron que los nombramientos se concretaran el fin de la semana pasada, pasándolos para el viernes que viene.

Llama a sospecha el proceso de designación porque a diferencia del que sirvió para nombrar a la nueva titular del ORFIS, en el que se inscribieron 62 aspirantes y de todos se dieron no solo sus nombres sino sus perfiles, para el caso de los propuestos para magistrados están ocultando quiénes son y sus perfiles, o sea, no hay transparencia.

Jueces piden respeto a la carrera judicial

Ante la opacidad con la que se están manejando las cosas y la casi certeza de que los nuevos magistrados saldrán de negociaciones entre los diputados, es decir, que responderán a intereses de corrientes o partidos políticos, cuando no de grupos, veinte jueces y exjueces del Estado demandaron ya a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su intervención para frenar la entrega.

Demandan algo justo: que se respete la carrera judicial, la suya, y que les den oportunidad de participar.

En un texto que difundieron profusamente en las redes sociales, recordaron que el Gobernador realizó una “convocatoria invitación” para elegir a los mejores perfiles y que incluso pidió la opinión de las barras, colegios y asociaciones de abogados, con el fin de que externaran sobre las personas idóneas para ocupar esos cargos.

“Pero resulta que contrario a ello, nos hemos encontrado que desde el mes de enero de este año, el señor Gobernador, apartándose de esos principios básicos necesarios para conformar un Poder Judicial del Estado, armónico con el proyecto del Ejecutivo Federal, simplemente se concretó a proponer a seis recomendados, entre los que se encuentran familiares y políticos, sin analizar que cualquiera de nosotros tenía mayor experiencia y capacidad”.

Según ellos, sus protestas han motivado al gobernador detener sus primeras propuestas, en las que se está privilegiando “la posición política, el amiguismo y los compromisos de grupo”.

Uno de esos inconformes, Javier Castellanos Chargoy, con 27 años en el Poder Judicial y poseedor de tres maestrías y dos doctorados, asegura que Cuitláhuac García reconoció que está atado de manos por los partidos políticos para proponer candidatos. Dijo que lo expresó en mayo pasado cuando junto con un grupo de abogados se entrevistaron con él para pedirle que se respetara la carrera judicial.

“Desafortunadamente, él respondió en esta forma: que ya sus decisiones estaban tomadas y que el resto era responsabilidad del Congreso porque él se encontraba atado de manos con los partidos políticos y así lo refiero porque eso fue una realidad, que estaba atado de manos con los partidos políticos, que tenía que repartir las magistraturas” (José Topete/alcalorpolitico.com, 07/10/19).

Declaró que se le hizo fácil decirle que había muchos doctorados y maestrías “patito”. Ya adelantó que si no se respeta la legalidad del proceso tramitará amparos y acudirá ante las instancias correspondientes para anular los nombramientos que se den por negociación política.

Ante la inconformidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña dijo también ayer que “sería conveniente que en las propuestas de magistrados fueran incluidos no sólo jueces sino también académicos, postulantes de Derecho y servidores públicos con conocimiento y preparación en la materia, pues esto garantizaría que el Poder Judicial evolucione permanentemente y se genere un Poder Judicial plural y autónomo”.

Si se impone el desaseo, se confirmará lo que señala el investigador Alberto J. Olvera: sigue lo mismo. El costo será elevado: más pérdida de credibilidad en el gobierno que se proclama de la Cuarta Transformación, más desencanto de quienes votaron por ellos pensando que harían las cosas distintas y más pérdida de credibilidad en el gobernador.

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