​Extraño, extrañísimo el comunicado que emitió el Gobierno del Estado luego de la detención de un exfuncionario del gobierno inmediatamente anterior y de la revelación de que hay órdenes de aprehensión en contra de otros.

Para la administración estatal Bernardo “N” (ya detenido), Clementina Guerrero García, Adrián Vuccib Basto y Luis Francisco Virúes Hernández (contra quienes hay órdenes de captura), todos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por ahora son solo presuntos responsables pero “no delincuentes”.

Las redes sociales sacudieron la mañana del viernes pasado la modorra que priva en el Estado ante la falta de algo verdaderamente significativo por parte del gobierno estatal con la noticia, que de inmediato se interpretó como un acto de persecución contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero es lo primero que trató de negar la versión oficial: “Los procedimientos de denuncia penal, promovidos por esta administración, siguen su curso sin afán de persecución contra nadie y apegados a la ley”. 

Con otra aclaración un tanto hasta contradictoria: “Tanto fiscalías como el sistema judicial deberán ser garantes del respeto y la observancia de los derechos de quienes resulten señalados y la presunción de inocencia deberá ser guía en el proceso actual de algunos exfuncionarios”. 

Lo que fue reforzado con lo anterior: “La presente administración no caerá en declaraciones mediáticas ni dichos que lastimen dicha presunción”. 

El remate: “El titular del Poder Ejecutivo se abstendrá de emitir opinión sobre el procedimiento judicial que se lleva a cabo en contra de exfuncionarios para evitar el ‘linchamiento’ mediático de quienes ahora son presuntos responsables y no delincuentes”.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sin anotar su nombre, implícitamente dice que no opinará sobre el caso. No lo hace verbalmente en declaraciones a  la prensa pero sí por escrito para explicar la actitud que adopta.

Y en lugar de tratar de reforzar su postura como parte acusadora, parece más bien parte de la defensa de los imputados: pide que se respeten sus derechos y la presunción de su inocencia; que no los linchen mediáticamente porque no son delincuentes, al menos hasta ahora.

No digo nada nuevo y que nadie no sepa cuando comento que este tipo de acciones, si bien la orden de aprehensión la giró un juez de control, no escapan al visto bueno, o a que se le dé vista, al gobernador, quien dijo que este lunes hablará ante la prensa sobre el asunto.

¿Por qué el Ejecutivo se curó en salud reiterando que los acusados no son delincuentes y solicitando lo mismo a las fiscalías general del Estado y de distrito, respectivamente, así como al Tribunal Superior de Justicia que se guíen bajo la observancia de la presunción de inocencia de los señalados, esto es, que hasta que no les demuestren lo contrario son inocentes?

¿Por qué entonces el juez de control Luis Roberto Juárez le impuso a Bernardo “N” como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa?

Cuando hay tantas denuncias rezagadas y muchas en el olvido, ¿por qué tanta prisa por actuar cuando la querella que interpuso el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que dio pie a la decisión del juez, había sido apenas presentada el 2 de octubre, es decir, nueve días antes?

Es obvio que no quisieron detener a Clementina (que quede claro que no estoy diciendo menos insinuando que sea culpable, lo que solo determinará el juez), quien como exsecretaria de la Sefiplan es la importante del grupo acusado y en cambio procedieron contra un subordinado suyo.

Si hubieran querido empezar con ella era la más localizable: todos los días se presentaba a trabajar al palacio municipal donde era la Tesorera del Ayuntamiento de Xalapa. La hubieran esperado a su salida. Seis días antes la había visto yo de compras en Costco, como cualquier ama de casa, sola. ¿Por qué no ella, mayor, y sí otro, menor?

¿Por qué once meses después de iniciada la administración, cuando el presunto delito de desvío de recursos (para servicios de Salud, manejándolos para otro fin) pudo o debió haber sido detectado de entrada? ¿Por qué hasta ahora?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) nunca denunció que hubiera alguna anomalía en el manejo de ese dinero, cuyo origen estuvo en un recurso entregado por la entonces Procuraduría General de la República en diciembre de 2016 al Gobierno del Estado y que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares asegura que recuperó de lo que había desviado la administración que lo antecedió?

¿Por qué si el Gobierno del Estado sabía que Clementina había participado (presuntamente) en un ilícito nunca alertó al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, también de Morena, para que no la nombrara como Tesorera, donde ni más ni menos iba a administrar dinero, el recurso de los xalapeños?

¿Por qué al mismo tiempo que se detuvo a uno se alertó a los otros para que se pudieran esconder o para que escaparan filtrando sus nombres y copia de la orden de captura por parte del juez que lleva el caso?

¿Por qué el escándalo, porque en eso resultó, se estalló el mismo día en que el Congreso local aprobó los nombramientos de los nuevos magistrados, todos bajo el señalamiento de responder a un interés político, partidista?

¿Por qué contrario a otras ocasiones, esta vez tanto el gobernador como el secretario de Gobierno guardaron silencio ante la explicación que dio y la defensa que salió a hacer de los señalados el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

¿Por qué al hacer pública su postura de no emitir opinión emitiéndola el gobierno tomó todas las precauciones incluso de no considerar como delincuentes a los acusados? ¿No está seguro, duda que la acusación que presentó no es sólida, o sabe que no tiene muchos elementos para argumentar no en los tribunales locales sino ante la instancia federal hasta donde puede que llegue el caso para ser resuelto?

El próximo miércoles, cuando siga el proceso judicial, la fiscal encargada deberá presentar todas las pruebas, consolidadas, impecablemente argumentadas, si  quiere sacar adelante la primera prueba de fuego que le impusieron quienes la impusieron. De por medio está su credibilidad y la del propio Gobierno del Estado.

Hicieron bien en no meterse entre las patas de los caballos mediáticos y de las redes sociales evitando inducir o influir con alguna opinión un linchamiento mediático. Soy de los que esperará a que el juez de la causa resuelva y luego que todos los demás tribunales lo hagan también.

Insisto: que la fiscal y el juez se ocupen de lo suyo y que el gobierno resuelva los problemas de inseguridad y violencia, la epidemia de dengue, la falta de medicamentos para enfermos de cáncer, el gravísimo desempleo, la falta de creación de puestos de trabajo, la falta de inversiones y la reactivación de la economía, y un largo etcétera.

Todos, absolutamente todos, no me cabe duda, estamos en contra de la corrupción, que se combata, que se castigue a quienes cometen ilícitos con los recursos públicos. Esperamos que esta vez la parte acusadora tenga todos los pelos de la burra en las manos, que no se trate solo de un calambre para el exgobernador o un recurso de lucimiento ante la proximidad del Primer Informe de Gobierno.