En los primeros minutos de la medianoche del 1 de diciembre de 2018, dentro de quince días hará un año, el nuevo gobernador que asumía el mandato, Cuitláhuac García Jiménez, proclamaba un futuro “glorioso, de buenaventura, de tranquilidad, de bienestar” para Veracruz.

En la víspera de que entregue al Congreso local su Primer Informe de Gobierno cabe la pregunta de si lo va logrando o de si los veracruzanos perciben o sienten ese Veracruz que ofrecía entonces; o, en todo caso, si creen que va en camino de alcanzarlo.

Por mandato legal mañana viernes tiene que entregar su informe de actividades, que será el primero de su gestión. Originalmente se había dicho que iría al Congreso donde lo rendiría o al menos respondería a cuestionamientos de los diputados locales, aunque luego se puso en duda su asistencia. Tal vez quiera evitar el riesgo de que lo dejen en evidencia por algún cuestionamiento para el que no tenga respuesta, o una respuesta que convenza.

Por supuesto, un juicio definitivo de su gestión se podrá hacer solo cuando concluya su mandato y lo que sí se puede intentar es un balance de sus primeros doce meses de trabajo, lo que es posible con base en el parámetro de lo que ofreció al acudir al recinto legislativo a rendir protesta constitucional.

Su tema prioritario

A lo que él le dio la mayor importancia y empezó a cumplir de inmediato con una Declaratoria de Programa Emergente fue a lo que calificó de crisis de violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas; al de los desaparecidos, pues.

Aunque sin mencionarlos por sus nombres, acusó a los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares de no haber cumplido con su función en cuanto a esos sucesos. Dijo que el “estado fallido” que encabezaron quiso esconderlos en sus rincones burocráticos. Los señaló de omisos, faltos de voluntad expedita y que se sustrajeron de la realidad por perversidad o indolencia.

Denunció que no atendieron la emergencia evidente ante el gran número de desaparecidos, por lo que el gobierno que asumía aceptaba y reconocía que a las víctimas no se les ha hecho justicia, y que lo más importante y urgente era brindar a las personas justicia, verdad y reparación, y localizar a todas las personas desaparecidas. Hizo entonces su declaratoria de emergencia.

Explicó en qué consistía el programa emergente: en ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación de las víctimas. Enunció algunas de las acciones que consideró más relevantes e invitó a colectivos de familiares a que acudieran al Palacio de Gobierno para recibirlos y entregarles una copia del documento íntegro. Las acciones que anunció fueron:

• Dar seguimiento a los hallazgos y peritajes realizados en las fosas clandestinas localizadas, con la participación de familiares y colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

• Ofrecer una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas.

• Dotar con de recursos suficientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y mayores recursos operativos y presupuestales a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

• Elaborar y presentar una iniciativa de ley para crear un centro o instituto forense y de procesamiento de restos humanos, para procesar los hallazgos de cuerpos localizados y darles identidad a las personas que no han sido identificadas.

• Implementar un programa estatal e integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas.

• Crear una policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, basificada en la Comisión Estatal de Búsqueda.

• Reactivar la Dirección General de Desarrollo Político para convertirla en la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que elaboraría un diagnóstico completo y exhaustivo sobre la situación real y la problemática de las desapariciones en Veracruz.

• Diseñar una estrategia para que los familiares puedan conocer los avances de sus casos, por medio de mesas de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarias encabezadas y coordinadas por el Secretario de Gobierno.

• Desarrollar un plan estratégico para poner orden en los registros e información de las personas sin identificar y que han sido inhumadas en panteones municipales.

• Acatar y vigilar que se cumplan las recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

Esos ofrecimientos se han cumplido a medias o acaso solo en parte, pero habrá que esperar el sábado, cuando dirigirá un mensaje, para saber si recupera el tema y si continúa siendo su prioridad, además si establece plazos precisos para su cumplimiento total.

Muy poco ofreció al rendir protesta

Ese tema le ocupó más de la mitad del tiempo de su intervención. En su cartera no llevaba muchos otros ofrecimientos en aquella medianoche histórica. Mencionó que actuaría con austeridad y combate a la corrupción, dijo que no más un gobierno rico con un pueblo pobre (en realidad una copia de la proclama de su jefe Andrés Manuel López Obrador), y un poco más cacareó la disminución “real” en el salario de los altos funcionarios de la administración pública.

Sobre esto último dijo que en los días siguientes les haría llegar una petición apegada a la ley para que en el presupuesto que estaban por analizar a él le disminuyeran su percepción mensual en 23 por ciento, a los secretarios en 13 por ciento, a los subsecretarios y a los directores generales en 9 por ciento, y a los directores o subdirectores de área en 7 por ciento.

Anunció que las medidas de austeridad eliminarían el pago de telefonía celular, seguros y gastos médicos mayores, seguros de retiro, contratación desmedida de asesores, seguridad privada personal, renta de casas, compras de vehículos para uso personal y otras prebendas indebidas a costa del erario.

No obstante el tamaño del territorio estatal, su complejidad y los muchos problemas que enfrenta, algunos bastante graves y de urgente resolución, así como las carencias que padece, como la violencia e inseguridad, el desempleo, la  falta de inversiones, la escasez de medicamentos, la crisis en el gobierno por la falta de recursos, el mal estado de las vías de comunicación, entre muchos otros, no hizo ningún otro anuncio a los veracruzanos.

No hubo ni ahorro ni recorte de sueldos

Sobre la austeridad, la reportera Noemí Valdés documentó, recordó y publicó ayer que en campaña había ofrecido ahorros por 17 mil millones de pesos, que cuando ganó la gubernatura redujo a 13 mil millones y finalmente bajó a 7 mil millones, aunque el ahorro real que se tiene es de apenas 200 millones de pesos (Notiver 13/11/2019).

En cuanto a la reducción de sus percepciones, también documentó que el gobernador sigue ganando lo mismo que su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares, 74 mil 938 pesos mensuales, e incluso el secretario de Gobierno, Eric Cisneros percibe más: 75 mil 971 pesos. El resto de funcionarios tampoco sufrió recorte salarial alguno.

Habrá que esperar unas horas para saber qué informa al respecto, si explica por qué no se cumplió, por qué se quedó muy lejos de lograr el ahorro que se estimaba, y si en el nuevo presupuesto para el año 2020 ahora sí se bajan los sueldos. Y si aborda los demás problemas.​