Mañana hará una semana que la presidenta municipal de Vega de Alatorre, Leticia Rodríguez Guerrero, pidió al secretario de Salud estatal, Pablo Anaya Rivera, que visitara su municipio para que comprobara de viva voz los 90 casos de enfermos de cáncer y cuadrapléjicos, que atribuye al funcionamiento de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Que se sepa, hasta ahora no ha tenido respuesta. 

La primera denuncia la hizo la alcaldesa el pasado 7 de febrero cuando dijo que en su demarcación se registraban más de 30 casos de niños con problemas de paraplejia y cáncer y que las familias enfrentan serios problemas para brindarles atención médica y rehabilitación ya que les resulta costoso movilizarlos al puerto de Veracruz para ser atendidos.

Ante la denuncia, la respuesta oficial por parte de autoridades estatales no se hizo esperar. Al día siguiente el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Venustiano Martínez Castillo, aseguró que hasta el momento no se han reportado casos de cáncer o paraplejia en comunidades cercanas a la nucleoeléctrica y que “posiblemente la alcaldesa habló sin fundamentos”. Asimismo se dio a la luz pública un comunicado oficial diciendo que el Departamento de Control Radiológico de Agua y Alimentos de la Secretaría de Salud realiza un monitoreo permanente de agua y alimentos producidos y cosechados en la zona aledaña a la central, que comprende un radio de 80 kilómetros, para asegurar que lo que consume la población no está contaminado.

Ante tal respuesta, la presidenta Rodríguez Guerrero volvió a la carga y no sólo llamó irresponsable al secretario de Salud estatal sino que afirmó que si hablaba era porque tenía “los pelos de la burra en la mano” y mostró a un reportero del Diario de Xalapa dictámenes médicos y fotografías de los jóvenes enfermos, algunas de cuyas imágenes se publicaron, o sea habló con pruebas.

Tal vez hay razón de parte y parte. Desde que se echó a funcionar la planta nucleoeléctrica ha habido temor de sus efectos por parte de los vecinos, e incluso grupos de ecologistas, en especial Madres Veracruzanas, han luchado por su cierre. En contraparte, el gobierno federal niega algún riesgo y menos fugas y mucho menos enfermedades o contaminación a causa de ello.

Tal vez sea un tanto aventurado por parte de la alcaldesa asegurar tajantemente que de los casos de los que habla Laguna Verde es la causante, aunque quién sabe, de todos modos siempre habría que darle el beneficio de la duda. En lo que sí se tiene que entenderla y hasta reconocerla es que está abogando por un hecho real, serio y preocupante, que está actuando con toda responsabilidad al pedir atención para personas a las que representa como autoridad municipal, que ese es su deber, y que además está en todo su derecho de pedir a las autoridades estatales y federales que los respalden.

Llama la atención que su petición al secretario de Salud no haya tenido respuesta positiva porque contradice totalmente el discurso del gobernador Javier Duarte, quien en reunión con alcaldes de todo el estado y de todos los partidos lo único que les ha ofrecido es atención, apoyo y respuestas a sus planteamientos y peticiones. El domingo 13 de febrero, en una reunión con los presidentes municipales de su partido, el PRI, “el mandatario veracruzano dijo que tal y como lo comprometió con los munícipes emanados de otras fuerzas políticas, «los alcaldes tienen todo el apoyo y el respaldo de mi gobierno, porque el objetivo es cumplir efectivamente a la sociedad veracruzana»”, se dijo en el comunicado oficial respectivo. “… aclaró que más allá de los intereses políticos y partidistas, la ruta de su gobierno ha sido ofrecer todo el apoyo a todos los alcaldes, «porque como gobierno estamos más allá de la ideología, como gobierno tenemos un compromiso muy concreto con los ciudadanos»”. Más claro ni el agua.

¿Le quitaría algo al secretario de Salud ir y entrevistarse con la presidenta municipal, escucharla y atenderla? Actitudes como la suya hacen que pese a los esfuerzos como ahora los del gobernador por generar confianza en las instituciones resulten infructuosos pues ante la opinión pública queda la idea de que todo es puro bla bla, puro discurso, es decir, que los propios secretarios con sus hechos desmienten al ejecutivo con eso de que “los alcaldes tienen todo el apoyo y el respaldo de mi gobierno”. ¿Para eso se hace venir a las autoridades municipales de todos los partidos hasta Xalapa, a perder tiempo y dinero, para que a la mera hora resulte que todo sigue siendo más de lo mismo?

Ante un caso tan serio, sería grave que a la presidenta municipal de Vega de Alatorre se le ignorara a causa de su filiación política –es panista– ya que se antepondría un color partidista por encima del dolor, del sufrimiento humano, tanto de enfermos como de sus familiares. El cáncer y la parapejias, su atención, deben estar por encima de todo sin distinción alguna.

Sin embargo hay un testimonio de gran valor que la respalda en su denuncia de falta de atención. En la reunión del gobernador con los alcaldes de su partido, otra mujer, la alcaldesa de Tlapacoyan, Nayeli Jarillo Núñez, priista, acusó “la mala disposición de titulares de dependencias que desconocen y discriminan las necesidades de los ayuntamientos”.

Desatenciones como la Pablo Anaya Rivera, por otra parte, tienen efectos que en nada ayudan a la credibilidad de las instituciones oficiales y reactivan movimientos como el de Madres Veracruzanas, que el sábado pasado afirmó: “Estudios epidemiológicos han demostrado que las personas que viven alrededor adquieren problemas de salud, entre ellos el cáncer y lo estamos viendo. Ya lo habíamos mencionado desde antes que se presentaran los casos”,  acusando: “No ha habido estudios epidemiológicos serios, los hemos solicitado. La Secretaría de Salud nos ha enseñado documentos, hacen entrevistas. Nos han dicho que han sacado muestras de agua y alimentos y que todo estaba bien, pero no se ha hecho el estudio epidemiológico serio en cuanto a la población”. Pero qué necesidad –Juan Gabriel dixit.