​A temprana hora de ayer (6:30 de la mañana) asesinaron a una cuadra del palacio municipal de Paso del Macho al exalcalde perredista Rafael Pacheco Molina.

Había sido tres veces presidente municipal, era ahora encargado del área de Obras Públicas del ayuntamiento y asesor del actual alcalde Fernando León Trejo.

El Gobierno del Estado no tuvo de inmediato alguna reacción, solo se produjo seis horas después de manera insólita. En su cuenta de Twitter emitió el siguiente mensaje:

“Con respecto al homicidio del Director de Obra Pública del municipio de Paso del Macho solicitamos a la FGE que se lleve una investigación amplia y exhaustiva que incluya todas las líneas, aun aquellas que tengan que ver con la presunción de que ejercía un cacicazgo en la zona”.

¡Bomba!

Como veracruzano, como ciudadano, no puedo dejar de expresar mi preocupación por lo que a todas luces parece un grave intento de intromisión en la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, peor aún –eso creo–, desde la posición de poder que tiene el Ejecutivo tratar de inducir la investigación hacia un móvil determinado.

Que el Gobierno solicite a la encargada de la Fiscalía una investigación amplia y exhaustiva es correcto. No lo es que prácticamente inculpe a la víctima antes de que la policía ministerial investigue y determine la causa del homicidio, y que veladamente diga a la Fiscal a qué debe llegar su indagatoria.

No perdían nada con guardar las formas. Pudieron acompañar la solicitud con la expresión: “De manera respetuosa le solicitamos”, en atención a que supuestamente la Fiscalía es autónoma, pero a la señora o señorita Verónica Hernández Giádans la tratan como la empleada que ha sido de ellos (no olvidar que trabajaba con el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, antes de asumir su actual cargo).

Con un tuit “tiraron” línea a la Fiscal

¡Qué forma de tratar de justificar la inefectividad y el fracaso de la política de protección y seguridad ciudadana ante la ola de violencia que ahoga al Estado, prácticamente inculpando a la víctima.

Con el tuit dejaron la impresión de que desde el Palacio de Gobierno le “tiraron” línea a la Fiscal y le dijeron hacia dónde enfocar su investigación para que concluya que victimaron al exalcalde porque era un cacique. Nada más les faltó poner: “Se lo merecía”.

Así, con solo una diferencia de seis horas sicarios victimaron al político pasomachense y luego el Gobierno del Estado lo revictimizó, algo nunca visto antes en la historia de Veracruz.

Con su texto hecho público, el Gobierno del Estado podría haber viciado de origen el proceso de investigación porque a quien tratan como su empleada, la encargada de la FGE no querrá llevarles la contra y dejar mal a sus patrones dando otra versión, por muy cierta que pudiera resultar, porque ellos ya prejuzgaron e insinuaron el motivo del asesinato.

Desde el Palacio demeritan a la Fiscal cuando le insinúan qué hacer, pues es muy claro que con la potestad constitucional que le otorga el Articulo 21  de la Carta Magna está obligada a agotar de manera exhaustiva todas las líneas de investigación que surjan, y se supone que como profesional que es no dejará pasar ningún detalle.

Se hubiera visto mejor que, en todo caso, el Gobierno hubiera dicho que ofrecía colaborar en la investigación e incluso suministrar la información que tuviera para ayudar al esclarecimiento del caso.

Ante lo ocurrido, con toda razón los detractores del cuitlahuismo van a decir que para eso quitaron por la fuerza al Fiscal titular Jorge Winckler Ortiz, para poner en su lugar a alguien a modo a quien puedan manipular y ordenarle el sentido de sus investigaciones.

Por eso la preocupación al saber que ante el surgimiento de un caso en el que la Fiscalía tenga que determinar una responsabilidad o culpabilidad le insinúen desde el Palacio de Gobierno un móvil que lleve a declarar que alguien es inocente o culpable.

¿Politizaron el caso? 

Pero en lo ocurrido ayer surge otro elemento que puede hacer pensar que el gobierno politizó el asunto porque la víctima era de otro partido y de otra corriente política ajena a los suyos. 

Porque la insólita reacción oficial pudo haber sido como respuesta a un tuit que emitió el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares tres horas después del asesinato: “Rafael Pacheco Molina fue un querido amigo, gran ser humano y magnífico servidor público. Condeno su crimen y abrazo con afecto a su familia y compañeros”.

El panista hizo lo elemental en estos casos, pero además con mucho tacto: no responsabilizó ni señaló a ninguna autoridad por la violencia e inseguridad que se vive, condenó el crimen y se solidarizó con los deudos, exaltando la calidad que como persona y como servidor público tuvo la víctima.

El gobierno no tuvo palabras de consuelo para los familiares, los lastimó más con su presunción acusatoria y tampoco aprovechó la ocasión para decirle a los veracruzanos que tengan confianza en que en este y otros casos prevalecerá la justicia y no habrá impunidad.

No aprendieron de la lección de Caballo Blanco

Pero no quieren aprender. En el sonado caso de la masacre en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, en agosto pasado, sin que hubiera una investigación de por medio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se apresuró a declarar que contaba con indicios sobre la identidad de uno de los probables responsables.

Soltó entonces el nombre de Ricardo “N” alias “La Loca”, quien antes, aseguró, había estado detenido pero la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Jorge Winckler, lo había dejado en libertad.

La propia Fiscalía General de la República (FGR) puso en claro que lo habían detenido marinos y lo habían puesto a disposición de su delegación en Veracruz, que había sido la que lo había liberado, e incluso el mismo señalado publicó un video negando su participación dando detalles para tratar de probarlo. Hasta la fecha la FGR, que atrajo el caso, no ha podido esclarecerlo y no hay un solo detenido.

El crimen de Paso del Macho alcanzó notoriedad nacional por las condenas que hicieron las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, pero también porque dieron cuenta del hecho medios de la Ciudad de México y de varias partes del país.

Ayer mismo, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que asumiría la vigilancia en Paso del Macho y procedió de inmediato. Emitió el siguiente mensaje:

“Con el propósito de garantizar la seguridad en el municipio de Paso del Macho, la Secretaría de Seguridad Pública toma el control de la seguridad y concentra a elementos de la Policía Municipal, a fin de realizar su proceso de evaluación y control de confianza en Xalapa”.