​Miguel Ángel Yunes Linares gobernador se fijó un plazo de seis meses para recuperar la seguridad para los veracruzanos. 

El 4 de abril de 2016, como candidato, al presentar en Coatzacoalcos un decálogo con las acciones para enfrentar la emergencia en materia de seguridad pública, aseguró que tenía la experiencia suficiente para lograrlo y la “mano dura” para actuar contra los delincuentes. Fracasó rotundamente (ese mismo día anunció que designaría como secretario de Seguridad Pública a un militar de alto rango, lo que al asumir el cargo de gobernador no cumplió).  

Cuitláhuac García Jiménez se planteó un plazo de veinticuatro meses, dos años, para lograr el mismo propósito. Está por verse.

Optimista, el fin del año 2019 aseguró que siendo Veracruz uno de los estados más poblados del país es también de los más seguros.

Reiteró su ofrecimiento de que al final de este 2020 se “concluirá” con su promesa de campaña de garantizar la seguridad para los veracruzanos.

Este año, pues, será crucial para que el Estado deje atrás la etapa de zozobra en que vive desde hace ya un tiempo considerable (el gobernador lo cifra en diez años atrás) con un saldo que se puede medir en ríos de sangre, montañas de cadáveres y una gran nebulosa de desaparecidos.

Al término del año recién pasado el gobernador insistió, lo mismo en las llamadas Mesas de Construcción para la Paz que en un video en las redes sociales así como en una declaración a Radio Televisión de Veracruz (RTV), que el índice delictivo bajó.

Qué no quisiéramos los veracruzanos. Estoy seguro que no hay uno solo que no desee que el mandatario estatal tenga éxito en su tarea de pacificar al Estado.

Pero su optimismo choca con la realidad y con la percepción que tiene la población. Preocupa que se atenga a cifras de organismos nacionales y que no lleve su propia numeralia en materia de seguridad con base no solo en las denuncias formales que se presentan sino en lo que van registrando a diario los medios de toda la entidad.

Porque los porcentajes en los que se basa para pregonar su buena nueva de que han bajado los delitos se sustenta solo en las averiguaciones previas y en las carpetas de investigación iniciadas, en el caso de Veracruz, por la Fiscalía General del Estado.

Pero resulta que las víctimas prefieren no presentar denuncias porque desconfían de las propias autoridades o porque saben que solo van a perder su tiempo sin resultado alguno.

El propio gobernante da la impresión de no tener certeza de las cifras que maneja pues, por ejemplo, en su comparecencia en el Congreso local con motivo de su Primer Informe de Gobierno el 10 de diciembre citó que el índice delictivo bajó 20 por ciento, pero días después, al final del año, insistía en que era de 10 por ciento: de 28 a 18 por ciento.

Es preocupante, pues, que esté esperando lo que indiquen los organismos nacionales como el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no que se atenga a la información de primera mano que un buen equipo de asesores le vaya documentando con registros diarios de todos los rincones de la entidad.

Por ejemplo, al mismo tiempo que presumía una baja en la incidencia delictiva, en Coatzacoalcos el último día del año ocurrían los dos últimos cortinazos de 2019, el asalto a una farmacia a unos metros del palacio municipal y el asalto al periodista Carlos Velasco Jara, más conocido allá como Cevejara, en su domicilio, a quien dejaron amarrado junto con su esposa.

En total, tan solo en diciembre los delincuentes arrancaron por la fuerza con vehículos las cortinas de dieciséis negocios para robarlos. Llama la atención que ante el ruido que seguramente produce un delito así ningún vecino denuncie, también seguramente por temor, y que la policía no se percate de nada. 

Me tocó estar en ese puerto el día de uno de los cortinazos y escuché el llanto de impotencia de una de las víctimas mientras hacía declaraciones a la radio, así como, circunstancialmente, que el hermano de otra víctima tuviera que entrevistarse conmigo.

Me platicó que no era el primer robo que sufría el negocio de su hermana. Antes habían intentado secuestrar a su cuñado, no lográndolo pero sí se habían llevado la mercancía. Prácticamente huyeron hacia Mérida. No cerraron el negocio con la intención de ver si se recuperaban para pagar lo que deben. El cortinazo del 27 de diciembre los derrumbó por completo.

Dos mil diecinueve cerró sin que se aclarara la masacre del bar Caballo Blanco en esa misma ciudad y que en otro punto de la entidad no se supiera nada de los comerciantes de Ixtaczoquitlán desaparecidos luego de ser detenidos por la policía municipal, ni que se aclarara el secuestro de una familia completa en Isla, en noviembre. Y como esos, cientos, acaso miles, de casos más.

Pero en el caso de Coatzacoalcos, el 24 de diciembre el gobernador presumió que había sacado a ese municipio de entre los cincuenta más violentos del país. Ningún porteño del sur lo cree.

Hasta septiembre, cuando echaron “temporalmente” del cargo al fiscal general del Estado, Jorge Winckler, a él lo culparon de todos los delitos. La situación no ha mejorado pero guardan silencio ante la sustituta de manera provisional o la elogian no obstante los pobres resultados y la impunidad que prevalece en grado superlativo.

En su última declaración de 2019 a RTV, Cuitláhuac aseguró que hay mayor seguridad, que el nivel delictivo ha bajado a nivel general, que falta por hacer pero que ya se “marcó el rumbo” y que sus colaboradores ya entendieron “de qué se trata”.

Corre el tiempo ya del segundo año que se marcó para acabar con la inseguridad. Démosle el beneficio de la duda aunque se ve muy aventurado. Pero confiemos. Solo faltan doce meses para comprobar que estaba en lo cierto.

Ya no se puede seguir culpando a Winckler, o a Yunes, o a los del pasado. La responsabilidad es toda y únicamente suya. De nadie más.