El gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre que se nutrió de la savia popular porque sabía que ahí estaba la esencia y el verdadero sentir de la población, solía repetir que el pueblo siempre tiene la razón y que si al medio día dice que es de noche, entonces hay que mandar encender las lámparas; que el pueblo nunca se equivoca. Por eso siempre estaba dispuesto a escucharlo y que se sepa pocas veces se equivocó e incluso con base en ese principio fincó su éxito en su larga carrera pública que lo llevó a ser un verdadero personaje en la vida pública no sólo del país sino incluso del extranjero. Refulgió tanto que se ganó el sobrenombre de “el hombre leyenda”.
Ese principio lo acaba de aplicar el secretario de Educación del estado, Adolfo Mota Hernández, quien, según dijo, siguiendo las peticiones de padres de familia y de maestros, o sea del pueblo, decidió no autorizar que se usen como albergues las escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para alojar a los turistas que lleguen al carnaval (Gutiérrez Barrios conoció a Mota cuando era casi adolescente y un día le preguntó si era cierto que además de orador se sabía varios discursos de él de memoria. Ante la respuesta afirmativa, le pidió que se lo demostrara y el chamaco de entonces le recetó ¡tres! ganándose la admiración del inolvidable don Fernando). Adolfo Mota, por lo pronto y a tiempo, se puso a salvo así como a su dependencia del juego y rejuego por no decir que del merequetengue o verdadero desmadre que se traen las autoridades municipales de Veracruz y Boca del Río así como la Secretaría de Turismo estatal y hasta la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
con su intención de no permitir que los visitantes, como lo han venido haciendo desde siempre, pernocten en casas de campaña o a cielo abierto en las playas de la zona conurbada ¡pero tampoco en sus propios vehículos estacionados en las calles de esos municipios!
Durante su mandato, el entonces presidente José López Portillo puso de moda la figura emblemática de Quetzalcóatl (las clásicas ocurrencias de los que llegan al poder) y ni tardo ni perezoso el entonces gobernador Rafael Hernández Ochoa le quiso hacer la barba y envió a la legislatura una iniciativa para cambiarle el nombre a Villa Cuauhtémoc, municipio de Pueblo Viejo, colindante con Tampico, por el de Ciudad Quetzalcóatl. No obstante el férreo control de entonces, el pueblo entero se levantó en armas y se opuso, y lo mismo sucedió en Paso del Macho al que también le quiso cambiar el nombre por el de Francisco Javier Clavijero e igual en Las Vigas al que el político de Santa Gertrudis municipio de Vega de Alatorre insistía en que se le conociera mejor como Rafael Ramírez. En los tres casos, el pueblo, el populacho, se alzó y mandó por un tubo al gobernador y sus iniciativas, por lo que no le quedó otra más que dar marchas atrás.
Pero ahora doña Carolina Gudiño Corro (Veracruz), don Salvador Manzur Díaz (Boca del Río), doña Leticia Perlasca Nuñez (Turismo) y hasta el barbero de don Manuel Molina Martínez (Semarnat), con el argumento de defender la buena imagen y el orden de la zona conurbada, contra el interés y la costumbre popular de pernoctar en las playas ante la saturación de los hoteles, se han montado en su macho y han anunciado que no permitirán que hombres, mujeres, niños y ancianos duerman arrullados por las olas del mar, la brisa de las palmeras que todavía estarán borrachas de sol y las estrellas que inspiraron a Agustín Lara.
Me pregunto: ¿serán capaces de arremeter con la fuerza pública municipal o estatal contra cientos, miles de personas que tienen reservado ya su espacio en el llamado hotel “camarena”?, ¿estarán dispuestos a convertirse en émulos, en la versión tropical de Muamar el Gadafi y masacrar al pueblo?, ¿se llevarán detenidos a la cárcel a hombres y mujeres con todo y niños?, ¿no que en Veracruz a los niños no se les toca y son los únicos que tienen privilegios?, ¿habrán mandado ya a improvisar centros de detención porque los detenidos no van a caber en las cárceles existentes?, ¿contratarán grúas extras para arrastrar los vehículos con todos los que estén durmiendo adentro?, ¿a dónde van a llevar los carros que quiten y arrastren?, ¿ordenarán macanear a todo el que se oponga?, ¿usarán las fuerzas de seguridad sin importar que dejen una imagen de represoras cuando se lucha porque el pueblo les tenga confianza sobre todo ahora en la lucha contra la delincuencia organizada?, ¿habrán ordenado preparar ya salas de curació
n y camas en Cruz Roja y hospitales para atender a los golpeados y heridos?, ¿les valdrá y no les interesará que las fotos de la represión les den la vuelta al mundo?, ¿el que se supone debe ser un carnaval de la alegría lo convertirán en un carnaval de represión y de sangre?
Junto con Adolfo Mota otro servidor público en el que ha cabido la sensatez, la cordura, es en el comandante de la Tercera Zona Naval, Guillermo Colina Torres, quien informó que los elementos navales no tienen ordenamiento para retirar a la gente de las playas de Veracruz si pernoctan ahí durante las festividades de carnaval. Pues claro. Se ha dicho y repetido hasta el cansancio que las fuerzas armadas tienen un origen netamente popular, que provienen del pueblo y hay que hacerle el más amplio reconocimiento a este comandante que no está dispuesto a reprimir al pueblo.
Por lo que se advierte, las autoridades señaladas se han venido entrampando solitas y se están metiendo en un problema que se les puede ir de las manos y salir de control. Por lo pronto, lo cierto es que han despertado ya hasta morbo. Los pueblos árabes nos están dando hoy lección de que no hay que cansar al pueblo, que todo tiene un límite. Por lo pronto, desde hace varios días el carnaval mediático ya inició.
A propósito de la zona conurbada, de preocupar el caso expuesto por el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., Jorge Reyes Peralta, sobre el dudoso desempeño de la juez quinto de distrito en el estado, María Elena Suárez Préstamo, así como de su secretario José Luis Camacho Contreras, quienes en el juicio de amparo número 129/2011 se negaron a permitir que una acusada pueda atender el respectivo juicio con base a dicho amparo, condenándola a hacerlo desde la prisión. Exige la intervención del presidente de la Suprema Corte, Juan Nicolás Silva Meza, así como del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que el procedimiento de selección de jueces de distrito sea más riguroso para garantizar que los mexicanos cuenten con un poder judicial confiable por su apego a la legalidad y que no haya más jueces “exprés” en detrimento de la justicia en el país.