​La tarde del pasado 18 de febrero tuvo lugar un hecho de gobierno fuera de lo común: el gobernador Cuitláhuac García Jiménez llevó personalmente a Corina García Moyano al DIF Estatal Veracruz para instalarla como nueva directora administrativa.

No había antecedente de un hecho igual. Nunca un gobernador había dado posesión a un colaborador de menor jerarquía y menos acudido para ello a la dependencia respectiva.

Otro detalle extraño fue que no avisó de su visita ni del cambio a la directora general de la institución, Verónica Aguilera Tapia. La ignoró por completo. A las cuatro de la tarde cuando él llegó ella no estaba.

Ese día debió haber entendido que el titular del Ejecutivo le había perdido la confianza, que le quitaba todo el manejo administrativo, incluyendo los recursos, pero en lugar de presentar su renuncia de inmediato se aferró al cargo en su ambición de brincar de ahí a la candidatura de Morena a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

El sábado por la noche, según su versión, presentó su renuncia “para poder atender asuntos personales”. En realidad la cesaron. Seguía en el cargo pero de hecho ya no estaba. Este año solo sobrevivía porque desde finales de 2019 ya le habían atado las manos.

Llegó al cargo como pago a los expanistas Oscar Agustín Lara Hernández, exdiputado local (su pareja sentimental, según Martín Lozano Sánchez, un exasesor suyo) y Ricardo Francisco Exsome Zapata, actual diputado federal, sus recomendadores, por haber traicionado a su partido de origen y haber apoyado a Morena en la elección de 2018.

Ella misma era panista pero se inconformó porque la candidatura a la diputación federal por el puerto de Veracruz en 2018 se la dieron a María Josefina Gamboa Torales (Maryjose Gamboa) y entonces se fue a apoyar, “con toda su gente y estructura”, al partido de AMLO.

Originalmente, el cargo del DIF estaba previsto para la hoy diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno, pero el pago del compromiso la obligó a quedarse en el Congreso.

En diciembre ya estaba sentenciada

Cuando en diciembre pasado me confiaron que no llegaría a marzo como directora general del DIF no le di crédito. No porque lo mismo se venía diciendo de otros funcionarios y no pasaba nada.

Incluso en el transcurso del año pasado varios medios y diferentes columnas políticas revelaron información sobre los presuntos malos manejados que estaba haciendo del presupuesto de la institución, 1,300 millones de pesos, pero no hubo ninguna consecuencia.

Aunque al final de la primera quincena de diciembre, en la última sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, la máxima autoridad del sistema, no le autorizaron un ejercicio de recursos que pretendía. Se supone que eran los 733 millones de pesos de cuatro de seis licitaciones relacionadas con desayunos escolares y espacios alimentarios, que al final no se adjudicaron.

Llegó con una verdadera pandilla

La mujer mostró el cobre desde un principio cuando llegó al DIF rodeada de una verdadera pandilla de personas con pésimos antecedentes no con la intención de cumplir un verdadero trabajo de asistencia social sino de utilizar la institución para sus fines personales.

Una de las primeras decisiones que tomó fue hacer a un lado al personal que incluso por escrito había nombrado el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez para diversos cargos. De ello no informó a la Junta de Gobierno, como debía. En su lugar impuso a sus incondicionales y se dispuso a hacer y deshacer a sus anchas. Por ejemplo, en el área de adopciones, un cargo muy delicado, puso a un médico veterinario.

A su llegada se dedicó a perseguir al equipo que Ana Miriam había ya formado y que el mismo gobernador había palomeado, en la mayoría personas que trabajaron en campaña para Morena, hasta hacerlos renunciar para incrustar en su lugar a operadores panistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, cuya misión fue trabajar en el puerto de Veracruz haciendo labor proselitista para que ella llegara a ser candidata a la alcaldía jarocha.

Los trabajadores aseguran que vivieron una verdadera pesadilla, mientras Aguilera Tapia formó una plantilla alterna de trabajo, duplicando funciones, lo que elevó el costo de la nómina oficial contrario a la promesa al gobernador de que habría ahorro. Denuncian muchas tropelías.

Por ejemplo, recuerdan que a una trabajadora la obligó a renunciar, pero como no aceptaba, ordenó que la encerraran durante ocho horas no obstante que estaba embarazada. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han presentado dieciseis denuncias por los abusos aunque no se sabe que se haya actuado. Los trabajadores aseguran que se condujo con mucha prepotencia y abuso como ordenar que cuando ella y su grupo bajara al comedor de la institución nadie más estuviera.

Sin ningún título para ocupar el cargo, ignorante total de lo que era el DIF, el 18 de diciembre de 2018 violó la ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes al publicar en redes sociales varias fotos en las que mostró la cara de los niños del Conecalli, cuando que el artículo 64 de la citada ley dice muy claramente que los menores tienen derecho a “la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales”.

Se fue por la libre; ignoró a quienes no debía

Tan sobrada estaba de sí misma que la mujer empezó a tomar decisiones sin notificar a la Junta de Gobierno, como lo establece el Reglamento Interior.

Ese fue de sus peores errores porque resulta que la Junta la preside el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y el comisario es ni más ni menos que el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, una especie de representante del gobernador.

Se cree que fue Lima quien puso al tanto al gobernador de la actuación irregular de Aguilera Tapia, de su director administrativo, Héctor Fernando Ruz Santamaría, y de su subdirector de Recursos Humanos, Eleuterio Márquez y Gómez, así como de los actos de corrupción que estaban cometiendo.

La mujer y sus cómplices hicieron licitaciones amañadas y adjudicaciones directas de contratos para favorecer a empresas con las que tenían arreglos, a varias de las cuales hicieron adjudicaciones directas. 

La pregunta no es por qué salió sino por qué demoraron tanto en removerla.

Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo

Hubo un hecho que precipitó el desenlace.

La actual contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, inhabilitó por tres años, apenas el pasado 7 de enero, al director administrativo, Ruz Santamaría, por irregularidades que cometió en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando fue funcionario de la SIOP.

En respuesta, se amparó, pero la suspensión provisional le fue negada. Pensando que llegaría a ser tesorero del ayuntamiento con su protectora, se aferraba al cargo en el DIF. En su lugar la directora nombró a Martín Lozano Sánchez, pensando que se prestaría a corruptelas igual que el anterior.

Pero no obstante que se conocían por un trabajo de auditoría externa que le había hecho a Oscar Lara, presunta pareja de la mujer, al encontrarse con el lodazal de corrupción que tenía su antecesor, pensando que Aguilera Tapia lo ignoraba, se lo reportó.

La funcionaria lo recriminó entonces y le pidió que se hiciera de la vista gorda así como que atendiera instrucciones de Ruz Santamaría, no obstante que estaba ya cesado. Como no aceptó entonces, según ha dicho, tanto una como el otro terminaron amenazándolo de muerte, lo que lo llevó a presentar denuncia formal en la Fiscalía General del Estado.

Martín Lozano ha declarado que entre lo que descubrió fue que el grupo había obtenido moches por 450 millones de pesos por una compra irregular de leche, aunque esperaban obtener otros 600 millones. 

Una versión asegura que aunque lo sacaron a golpes de su oficina y se la sellaron para que no pudiera sacar ningún documento, de todos modos entregó una carpeta bastante completa con información de todos los actos de corrupción cometidos. Esa habría sido la gota que derramó el vaso.

La semana pasada la Junta de Gobierno convocó a una sesión pero fueron invitados solo los secretarios de despacho que la integran, no así otros representantes de diversas dependencias. Se cree que ahí le tendieron la cama a Verónica Aguilera Tapia.

Lo que se sabe es que la nueva directora administrativa Corina García Moyano recibió la instrucción de ir a fondo y documentar todas las  corruptelas para que presente una denuncia formal ante la Fiscalía.

Sobre la nueva titular, el gobernador García Jiménez tendría varias opciones, incluso la de un posible director, como ya lo ha habido en gobiernos anteriores.