​¡Vaya! Qué duro golpe le asestó ayer el gobierno norteamericano al presidente Andrés Manuel López Obrador sin necesidad de utilizar la fuerza.

La DEA, la agencia antidrogas, anunció por la mañana la detención, en un solo día, el del miércoles, de más de 200 integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en suelo norteamericano.

Tanto el director de la Agencia, Uttam Dhillon, como el fiscal general adjunto, Brian A. Benczkowski, dijeron que con esa acción culminó un operativo de seis meses en los que en total detuvieron a 700 integrantes del CJNG.

Aparte, el gobierno de Estados Unidos aumentó a 10 millones de dólares la recompensa por quien dé información sobre el líder del grupo, Nemesio Oseguera “El Mencho”, a cuya hija acaba de detener cuando fue a visitar a su hermano, ya preso en territorio gringo.

En su operativo, dijeron Dhillon y Benczkowski, decomisaron más de 20 mil kilos de droga e interceptaron 22 millones de dólares del citado grupo.

Con el resultado de su operativo y su anuncio mostraron al presidente cómo se debe actuar: con acciones concretas, con resultados, no con dichos de “abrazos no balazos”, “fuchi, guácala” u otras ocurrencias.

Sin duda, lo sucedido ayer materializa el “regaño” (así se interpretó en las redes sociales) que el pasado 21 de febrero dio el embajador norteamericano en nuestro país, Christopher Landau, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante una reunión sobre seguridad.

En perfecto español, sin rodeos, Landau le soltó a bocajarro a Durazo: “Lo importante es que tengamos resultados, que haya operaciones, no solo palabras. Esto no puede seguir así… No podemos aceptar lo que está pasando. No puede ser solamente cuestión de diálogo”, se escucha decir en un video.

Le pidió más efectividad y resultados a cambio de menos reuniones y diálogo. “No puede ser solamente cuestión de diálogo”, le recriminó y remató con una estocada: “Es algo deprimente, francamente”. “¿Qué es lo que se propone ahora que es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora . . No hemos tenido resultados”.

Su gobierno ayer los ofreció y dejó en una difícil posición al gobierno de la 4T: como ineficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, sin voluntad política para hacerlo, falto de decisión para actuar, sin una política de seguridad y que un problema de la magnitud del que se trata no se puede resolver solo con reuniones y dichos ocurrentes.

El de ayer es uno de los más severos golpes del presidente Trump a AMLO y lo exhibe de paso. Ya no fue una advertencia sino que de plano lo rebasó e indirectamente le mandó a decir que si acá no se actúa ellos lo harán. Lamentable.

Grave sería que en su mañanera de este jueves, si le abordaran el tema, el presidente dijera que el gran operativo norteamericano fue contra su gobierno y que atrás están los conservadores, los neoliberales, los de derecha, los conservadores disfrazados de feministas…

Politizada aplicación de la justicia

No sé quién asesora legalmente a la exsíndica de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, pero todavía no me explicó por qué se cometieron una serie de errores u omisiones en su defensa que la tienen ahora detenida en Pacho Viejo cuando que no obstante que le revocaron su mandato bien pudo haber enfrentado la acusación que le hacen bajo fianza en libertad.

En su caso, como en el del exdiputado local Erik Iván Aguilar López, tal vez su inexperiencia política y legal debido a su juventud la llevó a confiarse sabiendo que le quitarían el cargo y la dejarían expuesta a una acción ministerial y no buscó protegerse de ninguna forma cuando debió haber traído uno o varios amparos en su bolsa.

Quien sabe quién la asesora porque el día de su detención no debió haber salido de su domicilio y menos se debió haber expuesto a que la aprehendieran presentándose en una plaza comercial a la vista de todos. Su exceso de confianza lo paga ahora en prisión.

¿Los delitos que le imputan –se le acusa de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y peculado, que involucra el manejo de un millón 314 mil 940 pesos– la convierte en una reo de alta peligrosidad como para que le impidan la visita del secretario general de su partido, el PAN?

Eso sucedió ayer cuando autoridades del centro de detención impidieron a Héctor Larios, quien un día antes había solicitado autorización para poder verla, pasar para visitarla. 

Independientemente del aspecto meramente legal, lo que está sucediendo con ella evidencia abuso de poder, arbitrariedad y la violación a su derecho humano de ser visitada. 

Morena en el gobierno, el gobierno cuitlahuista ha caído exactamente en una práctica que se atribuía solo al que considera su peor enemigo político, el exsecretario general de Gobierno y exgobernador Miguel Ángel Yunes: impedir el acceso a la prisión de Pacho Viejo a personas diversas para ver a un detenido.

En 1994 eso fue lo que hizo Yunes con Dante Delgado Rannauro cuando muchas personas y personalidades, incluyendo excolaboradores suyos, periodistas y amigos, no obstante realizar todos los trámites necesarios, nunca pudieron pasar a verlo. Dante salió libre un año y tres meses después porque fue absuelto del delito que le imputaban.

Veintiséis años después la historia se repite.

Pero no es la única anomalía. Contra las diversas versiones de que la detuvieron policías ministeriales saliendo de un banco en la Plaza Crystal, fueron policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezados por un funcionario policiaco, quienes la aprehendieron no obstante que ella todavía no perdía el cargo y sin una orden de aprehensión.

La propia SSP negó primero el arresto y luego que la hubiera trasladado su cuartel en San José.

En un Estado de derecho pienso que una buena defensa legal la pondría en libertad por las violaciones a la ley que se cometieron en su detención aun sí fuera verdaderamente culpable de los delitos de los que se le acusa, esto es, haber actuado en forma arbitraria podría impedir incluso su castigo.

Si se pensaba que el actual gobierno, que se decía y se dice justiciero, actuaría siempre apegado a Derecho, acabamos de ver que también politiza la aplicación de la justicia y repite las mismas prácticas del PRI, porque la detenida es panista y formaba parte de un gobierno municipal afín al exgobernador Yunes.

Pienso que si la acusada cometió en efecto ilícitos y se le prueba, debe recibir un castigo, pero justo y apegado a Derecho. Creo que en nada ayuda a recuperar la confianza ciudadana en las autoridades si se cometen abusos, si se partidiza la justicia, si se viola la ley, si se actúa con arbitrariedad y si violan los derechos humanos.