​La detención ayer de la expresidenta del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yoli García Álvarez, se apega a la política de combate a la corrupción y a la impunidad del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, pero también confirma el poder del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

A unas horas de haber dejado el cargo el miércoles pasado, la mujer fue aprehendida acusada de abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal en agravio del patrimonio de la institución, entre otras denuncias en su contra radicadas en la Fiscalía General del Estado, porque también está acusada en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Horas antes de la detención, el Congreso local designó como nueva comisionada a la periodista Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, quien venía ocupando la titularidad de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, con lo que el secretario Cisneros Burgos fortaleció su poder faltándole únicamente para hacerse del control de todos los organismos autónomos solo el OPLE y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cuya titular está por vencérsele su término legal.

El pasado 6 de marzo, el columnista Raymundo Jiménez García publicó que en febrero pasado la ahora detenida inició oficialmente una investigación contra el secretario de Gobierno presuntamente por haber violado la protección de datos personales al publicar fotografías con menores de edad en su cuenta de Twitter.

Ayer la Fiscalía, en la que despacha como encargada Verónica Hernández Giadáns, otra funcionaria que trabajaba con Cisneros Burgos, procedió a la detención de Yoli en un lujoso fraccionamiento de la capital. Se considera que la combinación de todos esos factores hizo que en este caso la aplicación de la justicia fuera verdaderamente expedita.

Con un detalle más nada desdeñable: con la aprehensión se demostró también que si los contralores internos de los organismos autónomos cumplieran cabalmente con su función, sin entrar en contubernio con los titulares, se combatiría eficazmente la corrupción, pues en el caso de García Álvarez fue el contralor interno Alfonso Velázquez Trejo quien la denunció luego de que no se apegaba a la normatividad legal y además tras investigarla puso al descubierto serías anomalías en agravio del patrimonio del IVAI constitutivas de delito.

Ella llegó al cargo el 25 de marzo de 2014 como pago de una factura política del gobierno de Javier Duarte al que había ayudado como magistrada entonces de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impedir una alianza del PAN con el PRD.

Casi año y medio después, el 3 de agosto de 2015 se apoderó de la presidencia, fecha en la que a partir de entonces prácticamente impuso un cacicazgo pues hacía y deshacía al grado de haber beneficiado a aviadores, entre ellos familiares suyos, que cobraban sin ir a trabajar.

Sus problemas con el contralor interno comenzaron cuando este empezó a detectar que estaba haciendo mal uso de los recursos de la institución y la llamó a corregir la situación, lo que la molestó y desató una persecución en su contra. El contralor no se amilanó y entonces presentó una primera denuncia contra ella en la Fiscalía General del Estado hasta sumar cuatro según le fue probando sus ilícitos.

Las acusaciones son por asignar personal al órgano de control interno sin ser su facultad, por desviar recursos, por no presentar su declaración  patrimonial, una infracción ahora considerada grave, y por ocultar bienes.

Se le señala de viajar al extranjero y a 20 estados de la república junto con los otros dos comisionados, Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal, pagando hoteles y restaurantes de lujo, más allá de lo que marcan los lineamientos del IVAI, y de ocultar diversas propiedades, una de ellas en Baja California, lugar al que viajó al menos en 16 ocasiones para lo que se autootorgó oficios de comisión y cuyos gastos facturó al organismo.

Siendo todavía presidenta el contralor la inhabilitó del cargo cuando se negó a declarar sus bienes, ante lo que se amparó, recurso que le negó la justicia federal. Aparte de su casa en Baja California, también le detectaron otra en La Orduña, municipio de Coatepec, así como tres terrenos en el mismo lugar

No obstante todas las denuncias en su contra  todavía aspiraba a ser consejera del Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, otro de los acusados, el comisionado José Rubén Mendoza Hernández llegó a decir el año pasado que el contralor Alfonso Velázquez Trejo estaba “enojado con la vida” por haberlos acusado de tener aviadores, mientras que Yoli García lo acusaba de exigir que se le autorizara y pagara un salario de 50 mil pesos mensuales

Hasta ayer no se sabe la suerte que correrán los otros dos comisionados acusados, quienes por lo pronto tendrán que someterse a las directrices de su nueva compañera Naldy Patricia Rodríguez, de alguna manera la expresión personal en el IVAI del poderoso secretario de Gobierno, Eric Cisneros (por cierto, el diputado Rodrigo Garcia Escalante se le volvió a voltear a su bancada panista y al coordinador Omar Miranda al votar a favor de Naldy no obstante que en la junta previa les había asegurado que jalaría con ellos. Hubo un total de 34 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones; si Rodrigo no les hubiera  jugado chueco no habría pasado la ahora nueva comisionada). 

Dada la actitud personal de Yoli García hacia el secretario, se da por hecho que le aplicarán la sentencia que dice a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas, o sea, varios años en la  sombra, al menos en lo que resta del actual sexenio.

Se acaba la primera de las cuatro semanas

Este fin de semana termina la primera de las cuatro dispuestas (incluida la Semana Santa) para el confinamiento con el propósito de tratar de evitar la propagación del coronavirus. 

A muchas personas les está resultando difícil permanecer en sus casas y me atrevo a pensar que las autoridades de salud hubieran diseñado también un tratamiento psicológico para ayudarlas a aceptar la idea.

La próxima semana, la segunda, se espera que la situación esté más complicada por lo que el encierro se hará más obligatorio y el cierre de oficinas públicas que faltan también, a lo que se espera que se sumen negocios privados.

A lo anterior se suman los calores intensos y en muchos lugares la falta de agua porque no la hay o porque la racionan, como en Xalapa. No se ve entonces cómo muchas familias se puedan estar lavando las manos en forma repetida, a menos que compren garrafones, que no están al alcance de su presupuesto. 

Ni para dónde hacerse, pues.