En la columna “Sale y vale” que se publica en el diario Notiver del puerto de Veracruz se publicó el lunes: “Frío el saludo de Javier Duarte con el ex gobernador (Fidel Herrera Beltrán, en Querétaro, el viernes 4 de marzo en el acto del aniversario del PRI), un apretón de manos y varios asientos de distancia”.

A medida que pasa el tiempo se confirma que la fotografía de Tlacotalpan del pasado 2 de febrero en las fiestas de La Candelaria, juntos, fue muy engañosa para quienes quisieron ver en la imagen una relación miel sobre hojuelas o a punto de turrón, cuando las evidencias ya para entonces eran muy claras de un distanciamiento y de un deslinde que con el paso de los días se van acentuando y qué quién sabe hasta dónde van a llegar.

Ha de entenderse que en aquella ocasión el actual ejecutivo cubrió las formas y actuó con la cortesía que se le debe a un ex gobernador, al que de ninguna manera se le puede prohibir que venga al estado, que además el libre tránsito es una garantía constitucional, aunque el ex faltó a una elemental regla no escrita de la política a la mexicana al olvidarse que él tuvo su momento político  y que ahora es de otro, al que no se le deben disputar los reflectores. Tan es una regla básica que nunca antes un ex gobernador había regresado a un acto público y menos a una fiesta masiva popular a escasos días de haber entregado el poder, para dejarle toda la cancha a su sucesor.

Pareciera ser que este distanciamiento continuó y se reflejó en el carnaval de Veracruz que concluye este miércoles. Con anticipación, quien sabe si a manera de globo sonda o buscapiés, se filtró a algunas columnas periodísticas que invitado por la alcaldesa Carolina Gudiño Corro el ex gobernador vendría a las fiestas carnestolendas y presenciaría un desfile desde el palco de honor del ayuntamiento jarocho. Si se quería medir cuál sería la reacción oficial, la respuesta llegó puntual –si es que nuestra apreciación fuera la correcta, que puede no serlo, pero no hubo forma de obtener una versión extraoficial confiable porque al parecer nadie quiere hablar o recibió instrucciones de no hablar del asunto–: el gobernador Duarte no estuvo en ningún desfile dejando sola con la fiesta a la presidenta municipal anfitriona.

Caben varias posibles explicaciones. Que Carolina Gudiño Corro haya roto otra regla no escrita de la política a la veracruzana y no haya corrido la cortesía de consultar al gobernador sobre si se invitaba a su antecesor. Que el ejecutivo haya visto como una grosería que se haya enterado por la prensa sobre la presunta invitación sin que se le hubiera puesto al tanto previamente. Que el gobernador se haya ofendido porque nuevamente, como en Tlacotalpan, el ex mandatario hubiera querido venir a tratar de robarle los reflectores en otra fiesta de gran envergadura olvidándose que ya terminó su sexenio.  Al final, ni Javier Duarte ni Fidel Herrera estuvieron presentes, aunque la ausencia del actual gobernador rompió con una tradición que los cronistas o los historiadores de los carnavales han de situar en años exactos, porque es impensable creer que no acudió en línea con su política de austeridad, que ésta no está reñida con la alegría (hasta donde tengo información, la familia del ejecutivo estatal habría acudido pero habría presenciado por lo menos algún desfile, de la forma más discreta, desde un hotel), o que también actuó como consecuencia de su actitud personal de que no le interesa ser popular, lo que sería llevarla al extremo.

En conclusión, Javier Duarte no habría estado de acuerdo con la presencia de su antecesor en apego a la regla de que el poder no se comparte y de que todos los reflectores le corresponden y que no quería otra foto como la de Tlacotalpan. Pero al no haber ninguna versión oficial confiable –por lo menos, insisto, no la pude obtener– pero sí el hecho real de que el gobernador no estuvo en los paseos del carnaval, dejemos esa ausencia y sus consecuencias en el terreno de la especulación.

Lo que no es especulación y sí una raya más al tigre del distanciamiento y del deslinde –la liga se estira cada vez más y más, a ver a qué horas se rompe– es la más grande y fuerte embestida pública hasta ahora del actual gobierno contra la administración que le antecedió al informar ayer el gobernador Javier Duarte que 156 empresas constructoras son investigadas porque no cumplieron con los proyectos de obra pública y que  de las acciones contables se han detectado algunas anomalías que de comprobarse constituirían un daño al patrimonio del estado, asegurando que no se protegerá a nadie, ni funcionario o ex funcionario, que tenga algún tipo de responsabilidad en estos casos. ¡Zas!

“Estableció que su gobierno actuará con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias”, publicó ayer mismo la directora y reportera del portal www.alcalorpolitico.com, Ylia Ortiz Lizardi. A botepronto se me ocurre que la primera reacción debió haber venido de quienes tuvieron alguna responsabilidad en el pasado gobierno y hoy tienen alguna encomienda en la actual, para renunciar de inmediato al cargo o solicitar una licencia temporal y ponerse a disposición de las autoridades en tanto se deslinda si recae o no sobre ellos alguna culpa, pero parece que tienen la cara dura y nada de dignidad (¿sería que los dejaron continuar a propósito para cualquier día apañarlos en su despacho y de ahí llevárselos directamente a Pacho Viejo?).

Pero, una vez más, por de pronto, con los solos indicios pero la denuncia pública, implícitamente el actual gobierno sienta en el banquillo de los acusados al que lo precedió, pone en entredicho su actuación y probidad, lo exhibe de mal manejo de los recursos públicos con todo lo que ello implica –falta a las normas al haber dado obras y dinero a una empresa que ni siquiera figuraba en el padrón registrado, al no haber hecho licitación pública, al no haber vigilado que se cumpliera, al haber usado el tráfico de influencias para beneficiar a alguien, etcétera– y lo más serio hasta ahora: amenaza con llevar a la cárcel –así se entiende eso de que “no se protegerá a nadie, ni funcionario o ex funcionario” y que se actuará “con toda firmeza y determinación” y “tendrá que asumir las consecuencias”– a “quien esté al margen de la legalidad”, ante lo cual no se puede olvidar ni ignorar que primero y por encima de todos hubo, había un solo y único responsable que decidía la vida pública de Veracruz.