El 4 de enero de 2019, apenas iniciada su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la creación del premio de periodismo “Regina Martínez”, para estimular el trabajo de reporteros, fotógrafos y columnistas.

El anuncio lo hizo en el patio central del Palacio de Gobierno, detallando que el galardón se daría dos veces al año, el 4 de enero y el 7 de junio, Día del Periodista y Día de la Libertad de Expresión, respectivamente.

Inconformidad y protestas de familiares de algunos periodistas asesinados en Veracruz así como del Colectivo Voz Alterna hicieron que el mandatario pospusiera la entrega y dejó en manos de los periodistas que decidieran sí o no. Ya no volvió a retomar el tema.

Días antes, en una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el mandatario había expresado su preocupación por la condición laboral de los compañeros, pero recordó el desastre financiero en que recibía el gobierno por lo que no podía ayudarlos.

Su intención de crear el premio era buena, con la mejor intención, para que los periodistas tuvieran un estímulo por y para su trabajo, y porque sabía que muchas empresas vivían las consecuencias de la crisis económica.

En la reunión, de varias horas, tuvo una relatoría completa de la situación de los periodistas en Veracruz, del estado de las investigaciones de los casos pendientes, que la fiscalía a cargo entonces de Jorge Winckler tenía detenidas, de quiénes y cuántos tenían medidas de protección y en qué consistían, a cuántos se había ayudado a dejar la entidad ante el peligro que corrían sus vidas, etcétera.

A esa reunión lo acompañaron el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, el coordinador de Comunicación Social Iván Luna Landa, y el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado.

Esto lo traigo a colación porque ayer, durante una reunión de los integrantes de la CEAPP (todas se transmiten en abierto y participan el contralor interno y funcionarios de Comunicación Social y de la Fiscalía General del Estado), la presidenta Ana Laura Pérez Mendoza propuso incluir a todos los periodistas del Estado, sin distingo, afectados por la actual crisis, en los programas sociales emergentes del gobierno, de apoyo económico.

La solicitud, que fue aprobada, está dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez; al presidente de la Legislatura, Rubén Ríos Uribe; al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, así como a la presidenta de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas, María Josefina Gamboa Torales.

Algunos de los argumentos son: que la actividad periodística es esencial, que se ejerce diariamente, que su importancia se refleja en la cobertura que da al caso de la pandemia de Covid-19, lo que ayuda a mantener oportunamente informada a la población, y que su servicio social contribuye a hacer conciencia para que la gente se quede en su casa, entre otros.

Que algunos realizan coberturas en las distintas regiones, lo que los obliga a movilizarse, y que la mayoría no tiene el apoyo de algún medio ya que son una especie de freelance, sin ninguna relación laboral legal, por lo que ejercen de manera informal, por llamarle de alguna manera.

Con otra: debido al contexto económico adverso, desde hace varios años algunos reporteros optaron por iniciar proyectos periodísticos propios, sin embargo sus condiciones son tan precarias que muchos no tuvieron recursos para llenar los requisitos y no alcanzaron a inscribirse en Padrón Estatal de Medios de Comunicación.

(En estos días de encierro obligatorio, a través de servicios que recibo a diario, me di a la tarea de contar el número de portales informativos independientes o de medios impresos establecidos desde hace muchos años en el Estado; portales que se mantienen activos, y me sorprendí de contar 60, la mayoría de Xalapa y el puerto de Veracruz.)

Los reporteros y fotógrafos y un buen número de columnistas prácticamente sobreviven porque no tienen un ingreso fijo, en la mayoría de los casos, y quienes los tienen ganan muy poco, y son contados los que reciben las prestaciones de ley: IMSS e Infonavit, reparto de utilidades, pago de vacaciones y aguinaldo.

Pero hasta ahora no están censados ni considerados en los programas del gobierno federal  y del estatal para recibir siquiera una tanda de seis mil pesos a pagar en diez meses o un crédito a la palabra de 25 mil pesos para pagar a tres años, por lo que sería un acto de justicia que se creara algún mecanismo para que se les incluyera. Tienen derecho como cualquier trabajador.

La prensa hace su trabajo y la base de todo periodista está en dudar, en investigar, en preguntar, en esclarecer, en señalar, en lograr que se diga y se sepa la verdad; muchas veces es crítica pero no enemiga de los gobiernos, aunque algunos no lo entienden.

Su independencia es sagrada y su trabajo profesional de decir lo bueno cuando lo hay pero también lo malo cuando se da es el cimiento de la democracia. No dista mucho del gobierno porque presta también un servicio público orientado al bien común.

Petición similar a las instancias locales se hizo también al presidente, quien todos los días anuncia millones y millones de pesos en apoyo a quienes sufren las consecuencias de la crisis económica. Él y el gobernador están ante la gran oportunidad de hacerle justicia a un gremio en la mayoría de los casos históricamente mal pagado y sin las prestaciones de ley, pero también desprotegido por las instituciones de gobierno.

Xalapa, una buena medida

El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero hizo ayer un buen anuncio: ante la fase 3 por el Covid-19 es obligatorio el uso de cubrebocas, pero además se darán 300 mil en forma gratuita a la población.

Lo que me parece más adecuado en lugar de anunciar sanciones en los mercados de la ciudad, y en los tianguis, a los que no se refirió, es que brigadas acudan a orientar a los comerciantes sobre la necesidad de que se protejan para que a su vez protejan a la población, y que se les otorguen cubreboca y gel.

He recorrido tianguis y con preocupación he visto que ningún comerciante trae cubrebocas, pero también que no hay ninguna autoridad que vigile, oriente y ayude.

De todos modos es positiva la acción del ayuntamiento, así como la entrega de despensas a las familias necesitadas.

Por fin se puso la pila el alcalde aunque con retraso, porque su homólogo del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, desde el 20 de marzo acordó con la empresa Grupo Más que suspendiera las acciones de corte del suministro de agua potable por falta de pago a los usuarios domésticos en las colonias y fraccionamientos del municipio y cinco días después anunció diez beneficios fiscales por el Covid-19 con vigencia para abril y mayo, o más si la emergencia continúa.

Lo cierto es que al final, aunque ahora justificadamente, el reparto de despensas en vísperas de año electoral se ha reiniciado e incluso en Juchique de Ferrer ya se dio un enfrentamiento entre la alcaldesa con un exdiputado local y un funcionario del gobierno del Estado.

Al iniciar repartos Hipólito, Yunes Márquez seguramente sacará las suyas e inundará su municipio.​