​Quién sabe si, llegado el momento, el presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, cumplirá el ofrecimiento que ha hecho de entregar por adelantado el manejo del ayuntamiento, la “dirección moral” dice él, a quien resulte alcalde electo, hombre o mujer, en junio próximo, para que se vaya compenetrando en los programas que se tienen, y se supone que en los problemas que se enfrentan.

Coordinador también de los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado, su propuesta suena interesante para su aplicación si se afina para limpiarla de posibles embrollos que tengan que ver con algún interés personal o de grupo.

Las elecciones del próximo año serán el domingo 6 de junio. Mezhua ha fijado como fecha de entrega de la conducción, que no la responsabilidad constitucional que tiene, el 7 de julio, un mes después. La administración concluye el 31 de diciembre, de tal forma que la autoridad entrante tendría, por decirlo de alguna manera, seis meses de entrenamiento.

La actual camada de alcaldes, como la anterior, es de cuatro años. Siempre fueron de tres y con la Reforma Electoral del 12 de mayo pasado, de Cuitláhuac García Jiménez, se regresa al antiguo periodo trianual, de tal modo que los actuales están viviendo un año de gracia.

La medida es interesante, novedosa, pero seguramente generará polémica, pues todo el que participa en política lo hace para tratar de llegar al poder, y el que llega –tenemos muchos ejemplos– se aferra a él y si pudiera se quedaría para siempre, hasta su muerte. ¿Cuántos de los actuales estarían dispuestos a replicar la propuesta del perredista?

¿Realmente es mucho amor a su municipio? ¿De veras lo guía la mejor intención para el mejor desarrollo y progreso de su terruño? ¿Es que intenta desafiar la ley de la gravedad… política, esa que dice que el poder no se comparte? ¿Es que se siente muy seguro de que nada se saldrá de control? ¿Qué lo guía verdaderamente, en el fondo?

El señor da una razón con bastante sentido práctico, si es que de veras lo guía una buena intención: que lo hará porque es algo que hubiera querido para él un día después de que fue electo el 7 de julio de 2018.

Pero sigamos con Mezhua Campos. Se nota que está tan seguro de lo que se propone que anunció también que el próximo 31 de diciembre, al cumplir tres años de mandato, se despedirá de sus representados durante su Tercer Informe de actividades, ya que el cuarto y último lo entregará por escrito al cabildo.

Con otra más: dijo que en los primeros seis meses de 2021 se dedicará a concluir los trabajos, las obras en proceso, y que no habrá más, obras extra. Sería inédito si lo cumple, pues es común que el que sale deja pendientes por los que no quiere responder el que llega y quien, en el caso de obras, se desentiende de ellas y hasta las abandona.

Todo suena muy melodioso, pero se enrarece un poco cuando dice que entregará el manejo al que declaren ganador, sin considerar los posibles escenarios de impugnaciones que pudieran revocar el resultado de la elección o incluso hasta anularla, por lo que se correría el riesgo de hacer una inversión improductiva.

De todos modos el sospechosismo siempre ronda, sobre todo cuando dice que entregará la presidencia municipal, de hecho, no de derecho, claro está, para que el sucesor o la sucesora “se vayan metiendo en todos los programas que tenemos y ojalá les den seguimiento a varios de ellos” (Javier Salas Hernández, alcalorpolitico.com, 17/09/2020). Aunque matiza con ese “ojalá”, pareciera que buscaría que quien lo suceda no varíe el rumbo con su propio programa de trabajo.

Polémico e interesante también, porque por una muy vieja práctica política, toda nueva autoridad que llega, presidente de la república, gobernador o presidente municipal, echa al cesto de la basura el programa de su antecesor y frena toda obra que está sin terminar aunque sea buena para la comunidad. No hay continuidad y cada tres años, o cada seis, se inicia de nuevo pero desde cero, sin reconocer ni aprovechar lo aprovechable. El que pierde siempre es el pueblo porque se tiran los recursos ya invertidos.

Interesante porque todavía vivimos la inexperiencia e improvisación de quienes llegaron al gobierno del Estado, con el correspondiente costo.

Parece que al perredista lo animan, en verdad, buenos propósitos. Dijo tener confianza en que a la próxima autoridad municipal le preocupará tener un área de Protección Civil, Vialidad y Seguridad Pública como ahora se tiene. 

Comentó que ya ve algunos precandidatos recorriendo las comunidades de Zongolica por lo que pide a los pobladores no caer en el fenómeno de la compra-venta del voto. “Hay personas que acostumbran comprar a la gente, compran el voto como si fuera una mercancía; hay quienes piden el voto con engaños o intrigas y hay quienes embriagan con cerveza, aguardiente o vino para tener contenta a la gente”.

Esto último también, tristemente, es cierto. Durante muchos años como reportero, en la actividad política y en el servicio público recorrí esa Sierra y siempre nos lamentamos, los que íbamos, ver a los indígenas, muchos jovencitos, a las once de la mañana ya estar muy bebidos, alimentados con alcohol por los caciques o los aspirantes a cargos de elección popular.

Al margen de que de veras sean buenas sus intenciones, o que sea una estrategia suya con algún propósito político a futuro, la iniciativa de Mezhua Campos debiera ser retomada por los partidos políticos y por los diputados locales para proponer, analizar, discutir y aprobar algún ordenamiento a fin de que las autoridades entrantes tengan la oportunidad, con todo el tiempo posible, de compenetrarse, de empaparse en los asuntos del Estado o del municipio, a partir de que las autoridades salientes les permitan y les faciliten el manejo compartido, al menos administrativamente, del gobierno estatal o municipal. 

Este podría ser el principio para otra reforma, que acorte la entrega de la administración a quien gane una elección, como sucede en otros países. En el caso nuestro, pasan seis meses para que asuma la administración la nueva autoridad.

¿Quién resuelve el paro del Ingenio La Gloria?

Hasta antes del actual gobierno del Estado, los conflictos cañeros, o entre productores y dueños de los ingenios, se resolvían sí, formalmente en las instancias legales, pero luego de una intensa negociación política.

Ahora, hasta ayer el Ingenio La Gloria, en el municipio de Úrsulo Galván, llevaba ya 32 días tomado por trabajadores de la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, que encabeza Ricardo Uribe, que reclaman 20 millones de pesos alegando que la participación de los trabajadores en las utilidades fue baja.

Este ingenio es el principal productor de alcohol, muy necesario para la fabricación de gel antibacterial. La toma de la factoría amenaza el inicio de la zafra en las próximas semanas, el destino de 1.5 millones de toneladas de caña contratadas con 8 mil productores, el empleo de 12 mil trabajadores (7 mil cañeros permanentes y 5 mil temporales que se contratan cada zafra), así como el contrato para 450 camiones de carga.

Ayer, Los representantes de las tres organizaciones más importantes de cañeros, U.N.P.C.A., C.N.P.R. y U.A.R.P.C.A., solicitaron al gobierno federal, pero en especial al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, “que instruyan a quien corresponda” a fin de que se resuelva el problema.

Normalmente, hasta el gobierno pasado, el secretario de Gobierno se involucraba en los problemas de los ingenios con un grupo de negociadores para resolverlos cuanto antes a fin de no afectar a la industria cañera y a las economías regionales. Ahora no se ve quién. Para el actual es más importante andar chapeando.