​“Sostengo que si la oposición no logra echar abajo la Reforma Electoral, políticamente vale por todo el sexenio cuitlahuista, y será algo que distinga a la LXV Legislatura bajo el control de Morena”, dije en “Prosa aprisa” del pasado 24 de junio.

En una decisión que pasa a la historia de Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio ayer la razón a los partidos políticos que la impugnaron, al resolver a su favor la acción de inconstitucionalidad que promovieron.

La oposición, pues, echó abajo la reforma. Ahora, en igual proporción a lo que digo en el párrafo inicial, la derrota marca ya todo el sexenio cuitlahuista y distingue a la LXV Legislatura (a la diputación morenista y a los diputados de oposición que los secundaron) como la que ha sufrido el peor revés en la historia legislativa del Estado.

Quedaron marcados, para siempre, unos y otros. Es un golpe del que ya no se repondrán hagan lo que hagan, digan lo que digan, en los cuatro años que restan a la administración, si es que los que están terminan el periodo constitucional.

Tiene tantas aristas el asunto que no resulta fácil señalar qué es lo más destacado del golpe, aunque creo que tiene dos tiempos: el inmediato y el mediato, y que cada quien, según sus intereses, dirá qué es lo más relevante de la decisión de la Corte.

En lo inmediato repercutirá en el proceso electoral ya en marcha ahora sí (iniciará de inmediato, aunque con días de retraso, ya que originalmente, antes de la ahora fallida reforma, debía de comenzar a más tardar el día 10 de este mes), en lo mediato, en la elección presidencial de 2024, con una meta intermedia: la revocación de mandato a la que tendrá someterse, quiera o no, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en 2022. 

Cabe pensar que cuando el gobernador propuso la reforma tenía ya pensado o planeado un proyecto para el proceso electoral con base en ella, que beneficiara a su partido, pero también para fortalecer su permanencia en el gobierno. Todo se le vino abajo. Su administración ahora es como un barco al que un torpedo de gran potencia le dio en la línea de flotación y ha quedado al garete, sin rumbo fijo, que incluso se podría ir a pique.

Por la reacción que advertí la noche del viernes pasado cuando un primer torpedo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impactó al cuitlahuismo y lo tomó por sorpresa, quedó claro no estaban preparados para ningún revés. Ni siquiera estaban al tanto de que había llegado la fecha en que debía darse un fallo. Se veían muy confiados.

Ayer guardaron silencio, tanto en el Palacio de Gobierno como en la Legislatura de mayoría morena. La reacción más natural debió haber sido tomar el toro por los cuernos y salir de inmediato a declarar que acataban la decisión de la Corte porque son respetuosos de las leyes y de las instituciones. Se vio que quedaron anonadados, casi aniquilados políticamente. 

No era para menos. Seguramente ni siquiera tienen preparado un plan B y cuando acaben de reaccionar tendrán la votación encima. Uno de los propósitos de la reforma era alargar el inicio del proceso electoral porque no están preparados para enfrentarlo ya que ni siquiera dirigencia estatal de partido tienen, mientras que las demás organizaciones políticas trabajan desde el 2 de julio de 2018, un día después de que perdieron la elección de aquel año.

Si el viernes el TEPJF los obligó a reintegrar el 50 por ciento de las prerrogativas que habían recortado a los partidos, ahora la SCJN los obliga a reprogramar su presupuesto y contemplar el pago de las prerrogativas completas (los recursos) para 2021, lo que los obligaría a solicitar un préstamo mayor a los 1,800 millones de pesos que tenían contemplados, porque nadie cree que tienen el dinero con el que se habían quedado desde agosto pasado debido a que lo enviaron para el Tren Maya y para Dos Bocas, y que con el recorte de 2021 iban a hacer lo mismo.

Ahora, casi dentro de un año, en los primeros tres días de diciembre de 2021, una vez que Cuitláhuac García haya cumplido tres años de mandato (si el Presidente decide sostenerlo), el 3% de los veracruzanos inscritos en el padrón electoral (unos 100 mil ciudadanos) podrán solicitarle al OPLEV que convoque y organice una amplia consulta para someter a revocación de mandato al gobernador en marzo de 2022, que podría obligarlo a dejar del cargo.

Con su reforma del pasado 12 de mayo el gobernador se había blindado a través de la bancada de su partido que eliminó la revocación de mandato que estaba contemplada en la Constitución local, figura que recobra vigencia con la decisión de la Corte.

También se cayó la relección de alcaldes y la reducción de su periodo de gobierno a tres años. Seguirá siendo de cuatro y no habrá relección. Tampoco los síndicos y regidores podrán postularse de inmediato como candidatos a presidentes municipales.

Y algo que preocupó mucho a los partidos de oposición porque temían un fraude electoral de MORENA: se restituyen los 212 Consejos Municipales del OPLEV para la realización de las elecciones y el conteo de votos y se echa abajo la pretensión oficial de que se concentrara en el organismo central y tres regionales.

El fallo, de la Corte, pues, hizo chuza con la reforma, exhibe el muy bajo nivel del equipo legal y de asesoría del gobernador. Vale lo que dije ayer: la determinación tanto del TEPJF como de la SCJN exhiben la pobreza argumentativa y legal de los aparatos jurídicos del Gobierno del Estado y del Congreso local, que los muestra, una vez más, como unos chambones del Derecho, ignorantes e inexpertos, sin duda improvisados.

Pagan cara su soberbia. Semanas atrás, en torno a una mesa escuché platicar a un licenciado en Derecho, especialista en temas legislativos, en el armado de decretos y proyectos de iniciativas de ley, que trabajó para uno de los jurídicos del gobierno cuitlahuista, quien convocado asistió a varias reuniones para discutir proyectos de decretos e iniciativas. Comentó que todos opinaban pero no sabían nada a veces ni del tema ni de la mecánica legal legislativa, que luego de hasta tres horas salían con tres tarjetas que para ellos eran lo que se debía presentar y que cuando él les decía que no era así y les presentaba un texto como Dios manda, argumentado y sustentado, lo ignoraban, hasta que terminaron por acusarlo que era enemigos de ellos. Tuvo que renunciar e irse.

Pagan cara su inexperiencia. Pagan caro que optaron por traer como jefa de asesores del gobernador a una colombiana, que tal vez sepa mucho de su país pero que es ajena a la realidad de Veracruz.

Ayer, mientras la Suprema Corte les asestaba el más duro revés que seguramente van a sufrir en todo su periodo, el flamante secretario de Gobierno, Eric Cisneros, se regodeaba en una declaración a Tele Clic, de alcalorpolitico.com: “Este gobierno convence pero convence con hechos” y puso como ejemplo que “por eso nos van a ver un día limpiando parques”. Ese es el nivel del segundo más alto funcionario, el de jardinero, aunque el primero no toca mal las rancheras cuando se dedica a pintar casas en El Tajín o a chapear en Xalapa en lugar de gobernar conforme a las facultades que le confiere la Constitiución local. 

No se podía esperar otra cosa. Y dicho por el propio gobernador, no va a haber un solo cambio en su equipo mientras estén en el gobierno.

La oposición estaba feliz ayer. Los que son creyentes rogaban a Dios que no cambien a Cuitláhuac ni a su equipo, porque con ello tienen asegurado el triunfo en 2021 y en 2024. Ya obtuvieron dos resonantes victorias. Van por más. Quieren más.