Señalé ayer que sin duda el gran logro de la nueva administración hasta ahora ha sido rescatar la credibilidad crediticia con la calificación positiva que hizo la firma bursátil Fitch Ratings, pues Veracruz iba en caída libre con notas negativas merced al nivel de endeudamiento que alcanzó la pasada administración. Haber logrado frenar esa situación no es poca cosa y tiene que reconocerse, lo que nos habla de una disciplina –hasta la fecha y habrá que ver si no se cambia de actitud cuando las cosas sean favorables– en el manejo de la economía y las finanzas del Estado.

Pero señalé también el gran sacrificio a que ha sido sometida la población, que es la que está pagando el costo social.

 

Al iniciarse el segundo semestre del nuevo gobierno, cada quien habrá de hacer la evaluación según le ha ido. Con todo, creo, por ejemplo, que los que habrán de dar su punto de vista aprobatorio son los prestadores de servicios y acreedores a los que la hacienda pública estatal les había quedado a deber. No se ha emitido ningún boletín de prensa oficial que informe al respecto si se cumplió a cabalidad o qué tanto (el pasado 8 de abril el titular de Finanzas y Planeación Tomás Ruiz González declaró que el pasivo circulante –un tecnicismo equivalente a la deuda con proveedores y prestadores de servicio– era por 16 mil millones)  pero es de creerse que tal y como se había ofrecido se les liquidaron las cuentas pendientes en abril pasado.

Regidos seguramente por el dicho de que de lo perdido lo que aparezca, los hombres de negocios se han de dar por bien servidos con que les hayan pagado lo neto de sus pendientes sin reclamar los intereses por los meses en que su capital estuvo parado, casi perdido, y es de creerse que les cumplieron porque sus declaraciones de protesta e inconformidad han cesado. Igual leí en su momento que se pagó el pendiente que se tenía con miles de estudiantes a los que se dotó de una beca e incluso se renovó el programa.

Pero, lamentable y tristemente, el sacrifico continúa pues el despido de personal del Gobierno del Estado sigue también. Ya no se hace ruido, pero no hay día en que trabajadores no reciban la notificación de su baja.

 

Igualmente, buena parte de la burocracia no se repone aún del drástico recorte de sueldos que sufrió y no tienen esperanzas ya de que volverán a gozar de la situación económica laboral en que estaban hasta diciembre pasado; desesperanza que los movió a mejor aceptar la liquidación que les ofrecieron, que no fue ninguna labor de convencimiento lo que los orilló a dejar los sitios de trabajo que por muchos años ocuparon. No se debe olvidar que en el gobierno de Miguel Alemán Velasco se implementó un programa similar de retiro voluntario, pero entonces nadie se quiso ir.

Con ser un buen número de trabajadores los que decidieron aceptar la propuesta de liquidación y a pesar de que se ha querido significar como un factor que ayudará en el ahorro de los recursos del Estado, también es poco lo que representa pues desde el gobierno anterior quedó de manifiesto que en realidad sobraban 100 mil o más burócratas, que se fueron sumando al paso de cada administración pues cada nuevo gobierno heredaba cientos, miles, los que al final salieron sobrando con la modernización y automatización de los sistemas de trabajo.

 

Una cosa que tiene que reconocerse es que este gobierno decidió actuar y no se tentó el corazón para ello,  dejar sin sustento diario a miles de familias, lo que los gobiernos anteriores no se atrevieron a hacer.

Pero los 10 mil millones de pesos pendientes de comprobar a la Federación, que los entregó para ser ejercidos el año pasado, siguen y seguirán siendo un lastre muy pesado. Ayer señalé que no hay sustento comprobatorio en qué, cómo y cuándo se ejercieron.

 

Las opciones son devolverlos tomando recursos de las arcas públicas, lo que se antoja casi imposible por la crítica situación que priva todavía; proceder legal, penal y administrativamente contra él o los responsables –en realidad son muchos los involucrados, algunos por omisión como las autoridades que fueron de la Contraloría General del Estado– y obligarlos a que justifiquen el faltante o lo devuelvan; o apegarse a lo convenido con la Federación y aceptar que se descuenten de las participaciones federales del próximo año, lo que continuaría gravitando en los programas estatales y en la no realización de obras y otras acciones de gobierno.

Dije que julio será la gran prueba porque llegará la contraloría de la Federación. Me equivoqué. Estará aterrizando en el estado a finales de este mismo mes de junio y, como es habitual en su procedimiento, requerirá la información de todas las dependencias con programas federales.

 

Tras un proceso selectivo, procederá a la revisión. Es casi seguro que se vayan sobre la Secretaría de Comunicaciones, donde existe el mayor faltante, según ya lo tienen detectado, por seis mil millones de pesos, cifra equivalente al ahorro que se anunció el 27 de enero cuando se dijo que se recortaría el gasto corriente de las dependencias en 25% para ahorrar seis mil millones.

Ya se verá qué tienen previsto para hacer frente a esa situación el gobernador Javier Duarte y su titular de Finanzas, una verdadera chucha cuerera en eso de cuadrar cifras, tanto que en su momento el entonces presidente Vicente Fox lo llevó a la Lotería Nacional para que limpiara toda la podredumbre que ahí había por el mal uso de recursos que se hizo y en el que se involucraba a la mismísima “señora Martha”, cosa que logró con mucha solvencia.

Inicia hoy el segundo semestre del joven gobierno. Aparte del pendiente de fincar responsabilidad contra los causantes de la deuda, tiene que reconocerse que las políticas que se implementaron eran las correctas, visto desde el punto de vista del gobierno.

 

Los resultados lo avalan. Lo bueno sería ahora que el costo social también lo lograran revertir con recursos suficientes para programas de obras efectivos, que creen empleos en los que puedan ocuparse y lograr un ingreso todos los que quedaron cesantes y los que ya lo estaban.

 

Ese debe ser el gran objetivo social, aparte del programa “Adelante”. Ese será el mejor parámetro para medir y calificar si de veras Veracruz es un estado próspero. Dejemos que corra el tiempo.