Las empresas de Veracruz están vendiendo su maquinaria y despidiendo personal a consecuencia de que el Gobierno del Estado aún no les “abre la llave” del gasto público, reveló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Miguel Aguilar Morales, mientras que Jorge Arturo Arboleya Pastrana, presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), delegación Coatzacoalcos, lamentó la falta de proyectos de obra por parte de los tres niveles de gobierno y dijo que el cinco por ciento del gremio de la construcción del sur de Veracruz ha cerrado sus empresas debido a la difícil situación económica, que a seis meses del 2011 no muestra una mejora y amenaza con un incremento de este índice.

Ambos dirigentes hicieron sus declaraciones viernes y sábado pasados, y lo que mencionan no es más que reflejo, la secuela de la situación económica que se vive en el estado por falta de obras tanto del Gobierno del Estado como de los ayuntamientos así como por parte de la Federación.

 

Si la administración estatal no tiene recursos no fluyen como antes hacia los municipios y si no se da la aportación convenida para los paripasos, el Gobierno Federal no baja recursos.

 

Como consecuencia de ese círculo hay venta de maquinaria, despido de personal y cierre de empresas, según refieren los propios afectados.

En su oportunidad comenté en este espacio que la crisis la resienten desde el año pasado cuando luego de que se les asignaron obras y se les dio el primer pago para trabajar, no volvieron a recibir más recursos y los constructores que pudieron, de empresas pequeñas, en especial los del sur, lograron adjudicarse algunas obras en Oaxaca o en Chiapas hacia donde movieron sus máquinas luego de que se cansaron de ir y venir, de subir y bajar, de dar vueltas para ver si les pagaban aquí en el estado.

Por lo que se advierte, nadie atiende ese sector, no hay cabildeo, operación política para darles siquiera esperanzas a los constructores de la entidad. A seis meses de la nueva gestión sería bueno saber qué están haciendo al respecto el titular de la Secretaría de Comunicaciones Guillermo Herrera Mendoza y el director de Obras Públicas Joaquín Caballero Rosiñol. Se supone que tienen argumentos si se basan en el Plan Veracruzano de Desarrollo, a menos que no crean o no confíen en él o no admitan que se va a realizar lo ahí programado (de paso, la queja refleja que el documento rector del Gobierno del Estado no es conocido o bien conocido, que no han podido convencer con él, para lo cual falta una política agresiva de difusión e información de su contenido; de otra manera los constructores sabrían que sí hay proyectos, que sí va a haber obra, construcciones). Si no se mueven los funcionarios señalados, seguramente tomarán el toro por los cuernos el secretario de Finanzas Tomás Ruiz o el secretario de Gobierno Gerardo Buganza.

No se sabe cuál va a ser la actitud de las nuevas autoridades de la Contraloría General del Estado con respecto al resultado de las auditorías que se han estado practicando en las dependencias estatales, donde se han hallado inconsistencias, que no dejan bien paradas a los responsables del gobierno anterior.

 

Las llamadas observaciones son muchas. Los nuevos responsables de oficinas donde se administran o manejan recursos financieros y/o materiales están dando todas las facilidades para que se investigue con tal de salvar cualquier responsabilidad y que se les finque las que resulten a los responsables de la administración pasada.

 

Pero en varias dependencias todavía no acaban las auditorías del estado cuando ya esperaban el arribo de auditores de la Federación.

Pero a propósito de lo que declaró el fin de semana pasada el presidente del PRI estatal Héctor Yunes Landa de que  él no es un abonero sino un “cobrón”, sería bueno saber qué ha hecho o cuánto ha podido recaudar entre sus compañeros la diputada local Anabel Ponce Calderón, porque, como se informó en su oportunidad, con la excepción de dos, todos los diputados locales priistas se niegan a pagar sus cuotas al grado que hubo que habilitar a la legisladora huasteca para que pasara la charola con los “agarrados” de su partido.

 

Entre viejos priistas hay crítica hacia los actuales responsables políticos del estado por la tibieza con que están actuando pues muchos recuerdan que cuando ellos ocuparon algún cargo en la administración o de elección popular, sin más y en automático de sus sueldos o de sus dietas les descontaban las cuotas partidistas.

No parece afortunada la declaración de Héctor de que no anda de abonero pero sí haciendo que los militantes de su partido cumplan con lo que señalan los estatutos. A los jóvenes les debe sonar rara esa palabra, abonero.

 

Deben saber que antiguamente había vendedores casa por casa y que sus productos se pagaban a crédito, en abonos, para lo cual semanal, quincenal o mensualmente un cobrador o abonero pasaba a recoger el pago, una obligación mercantil que, hay que resaltarlo, las familias humildes, de clase media y hasta acomodada cumplían puntual y ejemplarmente.

 

No había que andar correteando a nadie, que es lo que, peor, anda haciendo ahora el dirigente tricolor por la geografía estatal, quien en lugar de estar dedicado a hacer política-política tiene que andar, como él mismo lo dice, “haciendo que los militantes cumplan con una obligación marcada por los estatutos”.

La declaración del ex diputado local priista parece una reacción a, esa sí, la enérgica determinación que tomaron en el PAN del puerto de Veracruz donde sin importar niveles suspendieron los derechos de quienes nunca han pagado cuotas o se niegan a pagar ahora las que les han impuesto.

 

La lista de los suspendidos la encabeza ni más ni menos que el ex candidato a gobernador Luis Pazos de la Torre y abarca a los actuales regidores blanquiazules del ayuntamiento, a ex regidores y otros funcionarios y ex funcionarios, personajes todos conocidos en el puerto jarocho.

En el PAN, por lo que se ve, no andan ni de aboneros ni de “cobrones”. Simple y sencillamente se fajan bien los pantalones y actúan.

 

Sin duda están conscientes de que cuando algunos de los sancionados pidan que se le registre como candidatos a algún cargo de elección popular en el próximo proceso electoral, les denegarán ese derecho porque no han cumplido con sus obligaciones partidistas y por eso están apretando. Así de simple.

 

En el PRI parece temblarles el calzón y si acaso, cobran a los que no cumplen pero usando como medio de presión el pétalo de una rosa, la presencia de una mujer (Anabel Ponce Calderón), seguramente porque a ella sus compañeros no la mandarán al carajo por respeto o por decencia, y a algún varón sí y por eso ninguno de ellos la hace ni de “cobrón” ni de abonero.