​Mientras se llenan la boca hablando de paridad, de los derechos de las mujeres y de combatir la violencia en su contra, la gran mayoría de los partidos han postulado como candidatos a varones con sendas denuncias como agresores de todo tipo, ejerciendo desde la violencia física hasta la sexual.

Aunque el caso paradigmático sin duda es el de Félix Salgado Macedonio –quien dejó de ser candidato de Morena a gobernador de Guerrero no porque su partido y el régimen al que representa asumieran compromiso alguno en el combate a la violencia, sino literalmente por idiota-, en casi todos los partidos se postularon sujetos con señalamientos por distintas clases de violencia contra mujeres. Y lo peor: esos mismos partidos se negaron a “bajarlos” de las candidaturas, a pesar de que aceptaron sumarse a un acuerdo político en ese sentido.

El formato “3 de 3 contra la violencia de género” aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y que suscribieron todos los partidos para que las personas con señalamientos por violencia contra las mujeres –agresores, violentadores sexuales y deudores alimenticios- no accedieran a candidatura alguna, se quedó en un compendio de buenas intenciones que no impidió que ese tipo de actitudes se quedaran sin sanción. Los agresores están en este momento en campaña.

Esto es consecuencia en muy buena medida de la incapacidad invocada por el INE para revisar las candidaturas al cien por ciento, quedándose con una muestra que apenas abarca un tercio del total de los candidatos a los diversos cargos de elección popular. Pero sin duda, la carga de la responsabilidad queda en los partidos, que escudándose en que no hay sentencias definitivas contra los señalados, arguyen que no tienen por qué revocar sus candidaturas.

En Veracruz hay por lo menos cinco candidatos de diferentes partidos en esta circunstancia: por Morena, el abanderado a la presidencia municipal de Amatlán de los Reyes, Gabino Cruz Díaz, denunciado por agresiones físicas a sus ex parejas; por Fuerza por México, el aspirante a la alcaldía de Isla Rafael Martínez Torres, acusado de violación, agresión y amenazas.

Movimiento Ciudadano tolera dos casos: el del candidato a alcalde de Manlio Fabio Altamirano, Martín Lagunes Heredia, quien enfrenta un proceso como deudor de pensión alimenticia, la cual se ha negado a pagar desde hace más de 30 meses; y el también abanderado a presidente municipal, pero en este caso de Cosamaloapan, José Antonio Chiunti, denunciado por tentativa de feminicidio, sustracción de menores y violencia familiar.

El Partido Verde, que se especializa en arropar impresentables, ha mantenido contra viento y marea la candidatura de Marcos Isleño a la presidencia municipal de Medellín, aun cuando este político –residuo del duartismo-fidelismo- fue acusado de ejercer violencia física en contra de una mujer en 2013. La justificación del dirigente estatal Carlos Marcelo Ruiz Sánchez fue la ya referida líneas arriba: no hay sentencia judicial firme en contra de esta persona.

Y hablando del Partido Verde, este lunes se corrió la voz de que en el municipio de Tulcingo de Valle, en el estado de Puebla, hizo candidato a alcalde a Josué Meza Rodríguez, un energúmeno que en 2019 agredió a golpes a la comunicadora xalapeña María del Refugio “Coquis” Gómez, a quien dejó severamente lastimada luego de darle un puñetazo y varias patadas en plena vía pública a causa de un reclamo por irresponsabilidad en el manejo de su mascota en espacios comunes.

Con todo y que Josué Meza fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que respondiera por las lesiones causadas; de que quedó sujeto al proceso penal 208/2019, del cual tiene pendiente una audiencia de reparación de daños para el próximo 29 de octubre; y que permanecerá cinco años en el registro de agresores en poder de los órganos electorales, solo le bastó irse a su estado natal y acercarse al PVEM para que éste, sin problema, lo hiciera su candidato.

La que apuntaba para ser la elección de la paridad, será recordada más bien como la elección de los agresores. Con la complacencia y complicidad de los partidos políticos.

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