​El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó ayer en conferencia de prensa tener “indicios” de que un juez federal recibió un soborno de tres millones de pesos para exonerar a una persona a quien se acusaba de ser el asesino del diputado local Juan Carlos Molina Palacios.

“Lo que sí voy a decir aquí es que he solicitado (que) se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”.

La acusación es seria y, que recuerde, nunca antes un gobernador de Veracruz había hecho un señalamiento con tanta seguridad y contundencia, lo que me haría creer que, en efecto, tiene “indicios”.

Pensaría que su interés en el caso es por acabar con la impunidad en su gobierno, como pregona (la víctima era del PRI), pero cabe pensar que también lo hace por rescatar la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, presuntamente autónoma, pero que está al servicio de su gobierno.

Y es que un juez federal (no sé cuál de los dos de Xalapa, si Marín Acevedo Peña o Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez) desechó la prueba que presentó la Fiscalía, determinando que fue fabricada por policías ministeriales, quienes manipularon un indicio y que un juez local avaló de manera inexplicable.

El reportero Miguel Ángel León Carmona publicó detalles el miércoles. Dijo que consultó la sentencia del juicio de amparo 474/2020, que promovió el acusado, Itiel “N”, “Compa Playa”, en la que se consigna por qué el juez decidió reponer el proceso judicial y desestimar el señalamiento de la Fiscalía, que perdió, como señala el periodista, uno de los casos más relevantes en temas de seguridad del actual gobierno (e-consulta.com Veracruz).

Lo que extraña es que el gobernador, con los indicios que dice tener, no haya presentado una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal para que el fiscal federal con sede en Xalapa investigue a los jueces, quienes, por otra parte, tienen autonomía para dictar sus resoluciones.

En cambio, en su declaración de ayer dijo que ya pidió a la fiscalía del estado (“autónoma”) indagar el presunto soborno, y que haría lo mismo ante la fiscalía anticorrupción (“autónoma”), ante las que, se supone, va a presentar los indicios que afirma que tiene.

Aparte de la credibilidad de la Fiscalía, con su declaración el gobernador pone también en entredicho la suya si no se confirma lo que aseguró ayer.

En febrero pasado, sin esperar el resultado de una investigación de su fiscalía, a horas de que fueran asesinadas Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez, en Cosoleacaque, a botepronto salió a señalar como responsables a “cacicazgos políticos” de esa ciudad del sur del estado.

Sin embargo, los columnistas Jorge Fernández Menéndez (Excelsior) y Salvador García Soto (El Universal) publicaron de inmediato, coincidiendo en su información, que el móvil había sido el robo de un millón de pesos y que el crimen lo habían cometido personas que cuidaban su seguridad, citando nombres y apellidos de los involucrados, versión que se confirmó al grado que apenas el martes pasado dos de ellos fueron detenidos en Tabasco.

Pero la acusación del gobernador, en el caso del presunto soborno, es un señalamiento que no debe dejarse pasar por alto, porque si resulta cierto el juez involucrado no debe ni puede seguir en el servicio público y debe ser sancionado, aunque si no, me atrevo a pensar que deberá ofrecerle disculpas, como lo hizo recientemente el secretario de Marina luego de que hizo también señalamientos contra la judicatura federal y al final con su rectificación se comportó como un verdadero hombre de honor.

El asunto se cerraría completo si, de comprobarse la determinación del juez federal, ordena investigar a la Fiscalía General del Estado por la fabricación de pruebas y, con ello, de culpables, para justificar su incapacidad para resolver asuntos delicados.

Lo que faltaba; presuntos plagios manchan sucesión rectoral

Como si lo que faltara en Veracruz fueran escándalos de los actores de la vida pública, a unas horas de que la Junta de Gobierno anuncie la designación del nuevo rector de la Universidad Veracruzana, se fortalecieron las denuncias de que los finalistas presuntamente habrían caído en el plagio para sustentar sus planes de trabajo.

Desde el mismo día en que fue anunciada la terna final, el lunes pasado, en las redes sociales empezaron a circular señalamientos de deshonestidad en que habrían caído los finalistas, a los que se acusaba de haberse “fusilado” textos de otros autores sin darles crédito, para hacerlos parecer de su autoría.

Ayer diversos medios le dieron mayor resonancia al caso al dedicarles grandes espacios y publicar presuntas pruebas inculpatorias.

Esta sería la primera vez en la historia de la Universidad Veracruzana, desde que es autónoma, que cae en sospecha la honestidad de los finalistas al cargo, lo que involucraría también a los propios miembros de la Junta de Gobierno, que los eligieron como los mejores por su probidad, pero que no habrían tenido el cuidado necesario para vigilar y comprobar que los trabajos que se presentaron fueran originales.

Hasta anoche, cuando cerré la redacción de esta columna, no se había producido ninguna reacción ni de los finalistas ni de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Los finalistas, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio y Jorge Manzo Denes gozan de buena reputación académica entre la comunidad universitaria, y no se tiene idea qué actitud adoptarán ante los señalamientos, que si no se aclaran no solo afectará su imagen sino, de seguir adelante el proceso, pondrán en duda la legitimidad de quien finalmente sea designado nueva autoridad universitaria.

La rectora saliente, Sara Ladrón de Guevara deberá entregar la responsabilidad el próximo lunes.

Censan; Manuel Huerta entra de bombero

¡Vaya! Quién se iba a imaginar que la estructura de los programas de Bienestar iba a servir para realizar y facilitar el levantamiento del censo de los damnificados por el huracán Grace.

Ayer, luego de que el secretario de Bienestar Javier May Rodríguez, la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes y el delegado federal Manuel Huerta encabezaron una reunión de trabajo en Poza Rica, de inmediato se inició el censo de 3 mil 221 localidades de 28 municipios, lo que, en principio, es una buena señal para los damnificados.

Antes de retornar a la capital del país, el secretario y la subsecretaria se reunieron con miembros del ejército de Servidores de la Nación para acordar la forma en que iban a trabajar, y dicho y hecho.

De inmediato, el delegado Manuel Huerta y un ejército de más de 1,200 jóvenes se echaron a andar y pesa sobre ellos la gran responsabilidad de tener listo el trabajo el próximo martes porque habrá de nuevo una reunión con el presidente para determinar las estrategias con base en las que se harán llegar los apoyos.

Lo admirable es que ayer mismo dijeron, una a una, cuáles serán las comunidades a censar, municipio por municipio, y queda claro que se montaron en la estructura de los programas de Bienestar, lo cual les va a facilitar la tarea. Que sea por el bien de los damnificados.

Grace devastó las playas ¡de Poza Rica!

Que quien no sale de su angustia es la señora secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, porque el huracán Grace devastó ¡las playas de Poza Rica!

Sí están apoyando

Ayer publiqué que extrañaba que la sociedad civil, clubes de servicio, la Iniciativa Privada, no hubieran decidido apoyar todavía a los damnificados por Grace, pero rectifico: el Club Rotario Manantiales, de Xalapa, lo está haciendo, así como los partidos político PAN y PRD, además de particulares del puerto de Veracruz que son originarios del norte del estado, de las localidades afectadas.