Entre tantas malas noticias –lluvias, inundaciones y damnificados, carreteras destrozadas,  hechos de violencia, despido de trabajadores, aumento desmesurado en los precios de productos básicos, aumento al precio de las gasolinas, la crisis económica en el estado, etcétera– una buena que se produjo la semana pasada, sin duda alguna, fue la creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Tan pronto se supo que sería creada esta institución educativa surgió la polémica. Varias voces se pronunciaron en contra. Creo que más que por los fines en sí, por la sospecha de que pudiera ser refugio de políticos en el desempleo o pudiera ser refugio del gobierno para pagar favores colocando ahí a personas con las que quisiera saldar algún compromiso.

Acaso alguna desconfianza procediera también del recuerdo de la que creó en 2001 en el Distrito Federal el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador –la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)–, que igual generó polémica muy parecida a la que se dio aquí –capricho de gobernante, sin la debida planeación, con nivel académico dudoso, populista, etecétera–, universidad que, como se temía, hoy es rehén de los intereses de las tribus del PRD.

Yo soy de los que creen que todo lo que tenga que ver con la educación debe ser bienvenido y que a la sociedad corresponde vigilar que programas, instituciones, en verdad cumplan con los objetivos para los que son creados y que se logre y mantenga un buen nivel académico, una buena calidad educativa.

Si nuestros políticos y nuestras autoridades gastan, despilfarran, desvían, hacen mal uso de los recursos públicos en cosas que sólo son de provecho para ellos, para sus grupos o intereses o para sus partidos políticos, entonces que se utilicen para una buena causa como es la creación de una universidad debe ser bien recibido y aprobado.

Esta vez debe aplaudirse que en su totalidad los diputados locales votaron a favor –de 46 nadie se opuso y nadie se abstuvo, de todos los partidos– y aquí debe reconocerse también el trabajo de cabildeo, la labor informativa, orientadora, explicativa y argumentativa que realizó el secretario de Educación estatal Adolfo Mota Hernández con los legisladores.

Una de las cosas que hicieron bien al aprobar la Ley que creó la nueva Universidad fue que al desaparecer el Instituto Veracruzano de Educación Superior, sus alumnos salvan sus derechos al ser incorporados a la nueva institución. También que, por el contenido de la nueva disposición legal, las bases parecen serias, sólidas, sin denotar improvisación.

La UPAV –se dice– nace como un organismo público descentralizado, con partición pública y privada y sectorizada a la Secretaría de Educación de Veracruz, y la educación que impartirá se hará con respeto a los principios de libertad de cátedra e investigación así como de libre examen y discusión de ideas. Llaman la atención sus modalidades educativas: será abierta, semiescolarizada, a distancia y “las que sean necesarias” para dar cumplimiento a los objetivos; sus horarios serán flexibles.

Esto me hace imaginar que fue creada para acabar en su totalidad con el problema de los jóvenes que no pueden ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) (este año, de 34 mil 500 aspirantes no fueron admitidos 19 mil)  y para dar oportunidad también a quienes no pueden ir al sistema escolarizado, tradicional, ni a vivir a la gran ciudad. El hecho de que sea a distancia habla de que han pensado en las nuevas tecnologías de la información y creo que de esa forma ya no podrá estudiar una carrera universitaria quien no quiera.

Sobre el estatus del rector, es algo parecido a la UV: El dictamen aprobado establece que el rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz durará en su desempeño cuatro años, pudiendo ser designado para un segundo; para ocupar ese cargo es necesario ser veracruzano, mayor de 35 años de edad; poseer título de licenciatura expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y contar, preferentemente, con estudios de posgrado y obra reconocida.

Con la aprobación de la ley se crea la Junta de Gobierno, que a la brevedad deberá expedir la normatividad interior que reglamente las disposiciones de la ley. También se creará el Consejo Técnico Académico, Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento o equivalentes; el domicilio de la UPAV estará en la capital del estado y podrá contar con las sedes necesarias para el cumplimiento de su objetivo. O sea, que se está pensando también en descentralizarla.

Sin ningún prurito de mi parte, si no deja de hacerme ruido porqué Universidad Popular. Acaso sea porque se pretende que sea para jóvenes del “pueblo”, es decir, de las clases menos favorecidas, aunque ello marcaría ya una distinción frente a otras de élite; una discriminación. No importa si eso sólo son elucubraciones mías, lo importante, creo, es que no sea populista en el sentido peyorativo que le conocemos.

Es casi seguro que el nuevo rector será al maestro Guillermo Héctor o Guillermo H. (de joven, cuando fue el director general de Educación Popular equivalente a lo que ahora es la Secretaría de Educación, en el gobierno de Rafael Hernández Ochoa, sus amigos decían que esa hache era de Herodes, porque era el verdugo de los niños de entonces) Zúñiga Martínez, cargo que en justicia le corresponde por ser el principal promotor de la institución educativa.

Muchos lo conocen sólo como político, pero Zúñiga Martínez en su origen es un maestro normalista que cuando egresó y contrario a la mayoría de sus contemporáneos que sólo querían ejercer en lugares urbanos, él fue a enseñar a las sierras del estado cuando para llegar a Zongolica o a Huayacocotla se hacían varios días de viaje y se tenía que llegar caminando. Eso le valió ser considerado por el gobernador Hernández Ochoa para darle la gran oportunidad siendo muy joven. Es además un gran orador (en el siglo pasado ganó uno de aquellos prestigiados concursos de oratoria de El Universal) y un buen abogado, pues también cursó la carrera de Derecho.

En fin, esto debe aplaudirse y reconocerse al gobernador Javier Duarte de Ochoa, al secretario de Educación Adolfo Mota Hernández y al impulsor Guillermo H. Zúñiga Martínez. Han tenido una gran visión al haber creado la nueva Casa de Estudios y su recuerdo será imperecedero si durante su gestión no cesan en prestigiar con calidad, con recursos, esta institución. Y si no desvían los objetivos centrales.