​Ante la advertencia que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que si no aceptaba y cumplía la recomendación que le hizo acerca del atropello que se cometió contra seis jóvenes le pediría al Senado que la llamara a comparecer para que diera una explicación, finalmente ayer la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó a través de un comunicado que aceptó y realizó las acciones inmediatas que se le recomendaron.

Más tarde, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien en primer lugar se hizo la Recomendación 146/2021, informó también que la había acatado, que ya están actuando en consecuencia, lo que implicaría que procederá, como se lo pide la CNDH, a derogar el delito de ultrajes a la autoridad que dio paso a la llamada “ley garrote” y que se ha utilizado contra opositores políticos y voces críticas e inconformes contra decisiones de su administración.

El acatamiento de ambos, sin chistar, equivalió a reconocer públicamente que tanto policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), bajo responsabilidad de Hugo Gutiérrez Maldonado, como de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), a cargo de ella, detuvieron en forma arbitraria a seis personas y los imputaron indebidamente por lo que estuvieron encarcelados desde el 8 de septiembre hasta el 19 de diciembre del año pasado, más de tres meses.

Fue gracias a la intervención del senador Ricardo Monreal, quien escuchó a los familiares de las víctimas (lo que no hizo ningún diputado local o federal veracruzano de Morena), de nombres Brian Alberto, Manuel Alejandro, Lorenzo, Juvencio, José Leonardo y Francisco, y se solidarizó con ellos una vez que pudo comprobar la inocencia de los detenidos del delito de ultrajes a la autoridad del que se les acusaba, que un juez federal ordenó se les dejara libres en forma inmediata; determinó que la Fiscalía no había aportado los datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes. La CNDH, cuya intervención también pidió, le dio la razón.

Politizaron el caso; se puede hablar de un triunfo de Monreal

El asunto, de carácter totalmente legal, se politizó cuando en el Gobierno del Estado no les gustó la intervención del zacatecano en defensa de las víctimas de una injusticia y los llevó a escalar el caso hasta convertirlo en un conflicto de resonancia nacional cuando decidieron ejercer venganza disponiendo la detención y el encarcelamiento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, brazo derecho operativo de Monreal, lo que tiene ahora enfrentados a una parte del Senado con el gobierno de Veracruz y a senadores de Morena entre sí.

El acatamiento a la recomendación de la CNDH equivale a un triunfo de Monreal, a una derrota del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a una condena a la Fiscal, condena que involucra también al secretario de Seguridad Pública y por extensión al Poder Judicial de Veracruz que convalidó la arbitrariedad y les dictó prisión preventiva, “por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal” de los jóvenes,

Pero la aceptación de la recomendación sería el primero de una serie de descalabros que le espera al Gobierno del Estado pues en la misma recomendación la CNDH le pide al gobernador –“se le motivará”, dice el lenguaje empleado– que en ejercicio de sus facultades constitucionales proponga al Congreso local la derogación del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, de “Ultrajes a la autoridad” “a fin de prevenir la consumación de violaciones a derechos humanos, como fue el caso de la presente Recomendación, lo anterior a favor del pueblo y población residente y en tránsito en el Estado de Veracruz”.

Le recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en resolución del 7 de marzo de 2016, invalidó el vocablo “ultraje” por impreciso e indeterminado a un amplio espectro de conductas, y que el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe en los juicios de orden criminal “imponer por simple analogía… pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”, o sea, no como en el caso de Veracruz donde se usa el delito de “ultrajes a la autoridad” con cualquier pretexto para cometer atropellos. 

En general, tanto al gobernador como a la fiscal les recomendaron la reparación integral de los daños ocasionados a los jóvenes a través de medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición. Les recomiendan también, en los próximos tres meses, que implementen un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, dirigida a los fiscales que participaron en el caso de los seis jóvenes y a los involucrados, que deberá ser efectivo para prevenir hechos similares; además, que el curso esté disponible en forma electrónica y en línea para que pueda ser consultado con facilidad.

2,400 personas recuperarían su libertad

El caso de los jóvenes no era el único presentado ante la CNDH por personas que han denunciado violaciones a sus derechos y están pendientes de su resolución. Algunos, o casi todos, o todos pueden obtener una resolución favorable si la Fiscalía no comprueba los cargos que ha usado para encarcelarlos. En declaraciones al portal alcalorpolitico.com, ayer el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa dijo que al menos 2,400 personas acusadas del delitos de ultrajes a la autoridad recuperarían su libertad si se deroga ese delito. 

Palo, pues, tras palo al Gobierno y a su brazo ejecutor la Fiscalía General del Estado.

La recomendación de la CNDH exhibe la desactualización de la fiscal en materia de Derecho, pero también de los jueces involucrados, cuando no ignorancia o desconocimiento de los ordenamientos legales por parte de todos ellos, así como también la falta de asesores con experiencia y que sepan de la materia que eviten que el gobernador quede expuesto no solo a la condena de organismos legales, sino de la opinión pública que cada vez está más y mejor informada.

Sostiene contra viento y marea a la Fiscal

No obstante lo grave y delicado de la recomendación a que hizo acreedor al gobernador, que hará que en adelante los ojos tanto de la CNDH como de la propia FGR y de los cuerpos legislativos federales estén puestos en la actuación tanto de la Fiscalía General del Estado y de la SSP, y que hará que la sociedad veracruzana reafirme su creencia de que se actúa con abuso y arbitrariedad y se detiene a inocentes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez mantiene en el cargo a la fiscal Verónica Hernández Giadáns.

Ella tenía la obligación de ordenar una investigación a fondo y profesional, deslindar responsabilidades, actuar contra los elementos de su dependencia y de la SSP si confirmaba que habían actuado en forma ilegal y liberar a los detenidos, con lo que hubiera evitado la condena de la CNDH, esto es, ella se convirtió en cómplice por omisión, actuó con irresponsabilidad y falta de ética, consintió la violación de derechos humanos y permitió la impunidad.

Curiosamente son ella y el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, a cuyo servicio está, ambos vinculados dentro del gobierno, quienes más problemas le causan al gobernador, pero inexplicablemente los tolera, los deja actuar y los tiene en calidad de inamovibles. Las consecuencias las continuará pagando. Nunca antes un gobernador vivió una penosa situación así.

Loret da un prototipo del secretario que le hace falta a Cuitláhuac

En su columna de ayer, “Historia de reportero”, Carlos Loret de Mola  destacó la figura y actuación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y un párrafo que le dedicó dibuja muy bien el prototipo de secretario que es y que debería tener el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“En los casi cinco meses que lleva en Bucareli, Adán Augusto López se ha construido una buena fama entre sus interlocutorers. Lo sinterizaría en una frase: todo mundo me habla bien de él. Dentro del gobierno no ha entrado al golpeteo de la sucesión presidencial y sus pares lo ven como un eficaz operador político y un buen gestor. En la oposición, hablan bien de él gobernadores, dirigentes de partido, figuras del Legislativo. Se reúne con todos, incluso con los más enfrentados con su jefe, y lo hace con las mejores formas, un trato dramáticamente opuesto al del presidente. Distintas figuras políticas que han interactuado con él valoran cosas como que contesta rápido los chats, responde rápido las peticiones y trata de desatorar los problemas tanto administrativos como políticos. Relatan también que en corto se suelta con su humor negro, es dicharachero y buen anfitrión. Es decir, facilita el diálogo”

Con mi experiencia me atrevo a creer que Loret lo ha comprobado personalmente, que pese a que es uno de los más severos críticos del presidente es uno de esos interlocutores que ya vive esas “mejores formas”, esto es, que seguramente en lugar de reclamarle Adán Augusto lo atiende con respeto y diligencia, cabildea con él y hasta le ha quitado ya muchas críticas a su jefe sin comprometer la ética del periodista. Pero, claro, Adán Augusto es político profesional, no un improvisado que se ha mareado con el poder ni mal aconseja a AMLO ni se siente el dueño del país… ni sale a chapear a La Alameda. ¡Uf! Si Cuitláhuac tuviera un colaborador así.