​La exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, desestimó que entre la bancada de Morena en el Senado se plantee la remoción de Ricardo Monreal como coordinador de su grupo legislativo y lo calificó como “un gran operador político”.

Además, en declaraciones que publicó el diario El Universal en su portal, descalificó el delito de ultrajes a la autoridad. Dijo que fue conveniente derogarlo (lo hizo la SCJN) “no solamente porque se presta a muchas interpretaciones sino porque es abiertamente inconstitucional, ya que no contiene un tipo penal con todos los elementos requeridos”.

No solo eso. A propósito de que el viernes se reunirá casi la mitad de senadores de Morena para cuestionar la comisión especial que promovió el senador Monreal para investigar los atropellos cometidos en nombre del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, dijo que “tienen razón”, pues “por qué no una comisión también para diversos estados, que tienen temas muy complicados”, o sea, de alguna manera dio a entender que no solo debe haber una para Veracruz sino para otros estados también.

La senadora Sánchez Cordero preside actualmente la Mesa Directiva del Senado, pero cuando estuvo en la Secretaría de Gobernación recibió en su despacho a alcaldes veracruzanos no solo del PRD sino también de Morena, así como a dirigentes de partidos políticos, que le expusieron sus quejas por la persecución y amenazas de que estaban siendo objeto desde el palacio de gobierno, y luego por la detención de candidatos de la oposición a quienes se aplicó el delito de ultrajes a la autoridad. 

Ella cuando dispone de tiempo viaja a Xalapa donde tiene familiares por parte de su esposo, por lo que está al tanto de lo que ocurre en el estado. En marzo de 2016, siendo ministra de la Corte, el máximo órgano colegiado declaró la inconstitucionalidad del referido delito.

Su declaración de ayer mantiene y actualiza el interés por el conflicto político entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el senador Ricardo Monreal a raíz de la liberación de seis jóvenes que fueron encarcelados acusados de ultrajes a la autoridad y la detención del secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen, que varios senadores consideran ilegal, sin pruebas, lo que se complicó más cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos instó al gobierno de Veracruz a derogar la también llamada “ley garrote”.

Se afianza la nueva dirigencia del PAN

En tanto se acaba de dirimir en tribunales la inconformidad de Joaquín Guzmán Avilés por el triunfo de la planilla que encabezó Federico Salomón Molina y que le arrebató la presidencia y el control de la dirigencia estatal del PAN, el grupo ganador se afianzará este miércoles cuando nombre a los nuevos integrantes de la Comisión Permanente, el máximo órgano rector del panismo en Veracruz.

Este mismo miércoles, por su parte, la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional entregará el dictamen con el que dará respuesta al Tribunal Electoral de Veracruz, que con base en un alegato de Guzmán Avilés de que el proceso interno no se apegó a la normatividad le requirió una nueva resolución en la que fundamente y motive el cambio que avaló de Salomón Molina por Tito Delfín Cano como candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal. El dictamen estaba listo desde ayer martes, pero será entregado este día. 

El cambio ocurrió al ser detenido Tito Delfín y haberse quedado la planilla que encabezaba sin candidato a la presidencia, por lo que con el aval de la dirigencia nacional entró al relevo Federico Salomón, quien ya formaba parte de la planilla. En las elecciones internas del 19 de diciembre pasado el grupo opositor a Guzmán Avilés lo derrotó con una votación de 9,034 votos contra 8,445.

Lo curioso del caso es que el de Tantoyuca no cuestiona el resultado, que sería rotundo, según lo avaló la propia Comisión Estatal Organizadora, integrada equitativamente por militantes de ambos candidatos que avalaron con sus firmas el acta de cómputo estatal, es decir, el resultado final, incluido el representante de Guzmán Avilés, Demetrio González Hernández.

Con su alegato, que adentro del PAN lo ven como un pataleo porque no quiere aceptar su derrota, lo que Joaquín pretendía era que la planilla contraria quedara descabezada e invalidada para asegurar en automático su triunfo como candidato único. Entre los panistas vieron la detención de Tito Delfín como una maniobra del gobierno estatal para ayudarlo a que se mantuviera en la dirigencia y como aliado de Morena, pero no contaban con la decisión del CEN blanquiazul.

Cambiaron caballo a mitad del río pero no aprovechó

De todos modos, el mero hecho del cambio de candidato en pleno proceso supuso una ventaja para Guzmán Avilés, pero aun así perdió la elección.  Al respecto, en “Prosa aprisa” del 14 de diciembre pasado comenté: 

“En política se aconseja que en una competencia electoral nunca se debe cambiar caballo a mitad del río, por todas las desventajas que ello supone, y por eso en muchas ocasiones en que se dan cuenta que han postulado a un mal candidato en lugar de cambiarlo optan por reforzarlo lo más que pueden pero no pierden tiempo ni ventaja frente al adversario haciendo una reposición. Aquí, la oposición a Guzmán Avilés no cambió caballo porque quiso, se los tumbó el gobierno con el uso de la fuerza y han puesto a otro para que intente llegar a la orilla, aunque con desventaja”.

Antes había yo comentado “que lo correcto hubiera sido que Joaquín anunciara, tras la aprehensión de su compañero, que pediría a los órganos electorales de su partido que se suspendiera la campaña y se repusiera el proceso para cuando Delfín recobrara su libertad o, en todo caso, cuando el grupo contrario pudiera presentar a otro candidato, para que la contienda se diera en piso parejo”. Dije que si en cambio continuaba como si no hubiera pasado nada, entonces alimentaría la sospecha y los señalamientos que le hacían de que se entendía y estuvo de acuerdo con lo que hizo el gobierno con Tito Delfín, lo que le daba ventaja.

Pese a todo lo anterior, perdió en las urnas pero además prácticamente ya se quedó solo pues Marco Antonio Núñez López y Ana Ledezma López, a quienes se veía como personeros políticos del senador Julen Rementería del Puerto, al que se consideraba único aliado que tenía, finalmente se pasaron al grupo de Tito Delfín-Federico Salomón. Otra aliada (¿o exaliada?) suya, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, se sumo al grupo que ahora coordina en el Congreso el diputado Enrique Cambranis Torres para pedir la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.

Consejo nombrará este miércoles a la Comisión Permanente 

Este miércoles sesionará el Consejo Estatal, integrado por 116 consejeros militantes, con cuyo aval se nombrará a la Comisión Permanente. Para el efecto, el nuevo dirigente Federico Salomón Molina propondrá a 20 de los 30 integrantes, de acuerdo a las facultades que le dan sus estatutos, mientras que los consejeros propondrán y nombrarán a 10. 

El viernes pasado, Federico hizo los primeros tres nombramientos, claves: designó al diputado Enrique Cambranis Torres nuevo coordinador de la bancada de su partido en el Congreso local, a la diputada María Josefina Gamboa Torales nueva coordinadora de la diputación federal panista veracruzana y al alcalde de Boca del Río Juan Manuel Unanue Abascal como el coordinador de los presidentes municipales panistas del estado.

Llegan sin posible candidato a la gubernatura

La nueva dirigencia llega sin un visible posible candidato a la gubernatura en 2024 aunque como partido empezarán a fortalecer sus bases para ser competitivos en 2024. Contra lo que se maneja en los medios de que la dirigencia responde a los intereses del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, adentro no comparten esa apreciación. 

Reconocen que el grupo del exmandatario tiene fuerza en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero aclaran que en el resto del estado el panismo tiene otras corrientes que hacen mayoría y que están representadas en la nueva dirigencia.

De ahí que con la nueva etapa se abre también el proceso interno competitivo para determinar quién tiene el consenso de la mayoría para ser el abanderado en la elección de 2024.