​A los 31 años, en la época de la famosa Ley Seca en Estados Unidos, Al Capone era el amo de Chicago. Siendo quien era y sabiéndose qué era, las autoridades norteamericanas nunca le pudieron probar que fuera el gánster que fue.

Nunca lo pudieron acusar por los asesinatos, los casos de extorsión, los secuestros, la venta ilegal de alcohol y otros muchos ilícitos que cometió, por la organización criminal de la que era dueño, simple y sencillamente porque nunca tuvieron pruebas para llevarlo a juicio.

Capone se convirtió en una obsesión para la ley, al grado de que Edgar J. Hoover, fundador del FBI, ordenó a todas las agencias federales que trataran de cercarlo. Elliot Ness, un agente del Tesoro, de los famosos “Intocables”, logró arrinconarlo, pero no pudo ir más allá por la falta de pruebas.

Si finalmente terminó en la cárcel fue por una carta de su abogado Lawrence O. Mattingly, quien queriendo regularizar la situación fiscal de Al, luego de que en una redada habían encontrado unos libros de contabilidad que indicaban que había ganado mucho dinero pero que no lo había declarado a Hacienda, escribió y presentó una carta ante el famoso fiscal Frank Wilson, que lo terminó incriminando en lugar de ayudarlo a justificar.

Mattingly decía en la carta que Capone era el único sostén de su extensa familia y que hasta 1926 sus ingresos semanales no habían superado los 75 dólares semanales. Eso lo hundió. No pudo justificar toda la riqueza del capo. Con la carta como prueba, la Corte, por fin, el 8 de octubre de 1931 pudo acusarlo de haber defraudado al gobierno con más de 215,000 dólares (de aquellos), de impuestos sobre la renta. Lo condenaron a 11 años de prisión.

La carta pasó a la historia como una gran falla de una defensa legal. 

El Gobernador acusa, pero no presenta pruebas

¿A dónde voy? A qué a nadie, en estricto apego a la ley, se le puede acusar ni condenar si no existen pruebas sólidas; a que no se puede actuar contra una persona solo por suposiciones, por inferencias, por deducciones, por presunciones, por sospechas, por conjeturas. Y mucho menos por capricho y por ojeriza.

Me acordé de la historia de Al Capone cuando ayer escuché, atónito, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez hacer una declaración, una vez más, sin ser autoridad competente, molesto porque el juez federal Jesús Arturo Cuéllar Díaz concedió un amparo a José Manuel del Río Virgen para que obtenga su libertad.

De hecho, con lo que dijo incriminó de nuevo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado sin presentar alguna prueba contundente, sólida, irrebatible, sino planteando solo suposiciones. Habló de “mano negra del influyentismo”, de “políticos caducos promotores de la injusticia”, de un “amparo del poder corruptor de la justicia”, etcétera, pero no presentó documento alguno o imagen probatorios.

Es positivo que la máxima autoridad de Veracruz se preocupe porque se aplique la justicia, porque se imparta y se haga justicia, porque no haya impunidad, pero es preocupante que se involucre, sin corresponderle, en los casos y asuma los papeles de fiscal acusador y de juez de control juzgador, que descalifique instituciones federales de justicia, que desacredite a autoridades competentes, que haga señalamientos sin probarlos y que incrimine a un presunto infractor de la ley. 

Con todo respeto, el señor gobernador debiera aprovechar el fin de semana para sentarse a ver (y a disfrutar) alguna buena película sobre Al Capone (hay muchas y muy buenas), pero también, ya de paso, la saga de El Padrino (con su poder puede obtener la última versión) donde queda claro cómo la justicia no lleva ante la ley a nadie si no tiene pruebas contundentes. 

Que quede claro que de ninguna manera estoy comparando a Del Río Virgen con Capone, aunque eso sí nuestros políticos, sus grupos, sus mafias, no le piden nada a las de aquellos famosos bandoleros del Chicago de los años veinte, treinta, del siglo pasado, y algunos son hasta peores. 

La Fiscal, ahora sí, actúa bien; impugnará la resolución del juez federal

Ahora sí, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, salió no solo a dar la cara sino a fijar la posición de la institución a su cargo ante el amparo concedido a José Manuel del Río Virgen. De paso, anticipó que impugnará la resolución del juez federal y que presentará un recurso de revisión para que sea el Tribunal Colegiado de Circuito el que resuelva.

Lo anterior implica que el detenido continuará en prisión, al menos por dos meses más, hasta que se resuelva en definitiva su situación. 

A diferencia del gobernador, la funcionaria expuso sus argumentos, pero además se mostró respetuosa del juez federal y de la decisión que tomó. “Respetamos la resolución emitida por el juez décimo séptimo de Distrito; sin embargo, no compartimos su criterio”, manifestó.

“Nos sorprende la inmediatez con que resolvió el juez amparador ya que el juicio de amparo se admitió el 20 de enero del 2022 y se resolvió en menos de dos meses, dejando incluso de notificar a todos los terceros interesados y sin esperar que se resolviera un recurso de queja promovido en dicho juicio de amparo”. Aseguró que demostrará la acusación contra Del Río. 

“Esta Fiscalía General reitera su compromiso con la justicia, respetando los derechos de las víctimas y los probables responsables. No hay intocables para la justicia en Veracruz, no interesan cargos, situación económica, social o política, se actúa con firmeza, pues en Veracruz la justicia no se negocia, se aplica”.

No hay pruebas, establece el juez federal

Anoche, el diario Reforma informó en su portal que de acuerdo al juez federal Cuéllar Díaz, la Fiscalía de Veracruz no ofreció ni un solo dato de prueba para acreditar que José Manuel del Río Virgen es el autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones.

Agregó que en su sentencia de amparo concluye que Del Río está en la cárcel con base en las inferencias lógicas y deducciones que hizo el juez del fuero común que lo vinculó a proceso. El fallo consta de 302 páginas, lo que habla de un análisis extenso, con abundante y suficiente argumentación.

“Lo cierto es que ningún dato de prueba da soporte a la conclusión que el quejoso haya tenido esa participación de autor intelectual de los hechos”, establece. 

“Como ya se expresó, no hay algún señalamiento directo en contra del imputado como autor de los hechos; tampoco de forma indirecta se obtiene información en ese sentido, pues los datos de prueba relatados por la Fiscalía no relacionan al quejoso con el evento por el cual se dio esa privación de la vida; y los hechos que se destacan como indicios tampoco permiten inferir de forma lógica la participación del quejoso en la comisión del hecho”.

En su declaración de ayer, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez calificó de “aberrante” la resolución del juez.

La fiscal Hernández Giadáns tendrá que presentar pruebas fehacientes sobre su acusación, o le dará otro paro legal más. Pero no está dicha la última palabra.

Una cosa sí se puede asegurar desde ahora: cuando el Tribunal Colegiado de Circuito falle habrá un solo perdedor. Seguro.

Y Gómez Cazarín para bronca al gobernador… por el momento

Otro que también ayer dio una fue el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien al menos por ahora logró que se retirara el bloqueo de carreteras que mantenían habitantes de Oteapan por una disputa territorial con el municipio de Chinameca. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política pudo comprobar, seguramente, que el diálogo, la negociación y el acuerdo son necesarios pero también posibles para hallar vías de solución a los problemas del estado.

Los munícipes de prácticamente todos los partidos se han quejado que en lugar de dialogar con ellos muchas decisiones se las han impuesto por medio de amenazas desde la Secretaría de Gobierno.

Lo de ayer prueba que el gobernador empieza a confiar en la capacidad negociadora del de Hueyapan y a desplazar a Eric Cisneros.