La sociedad no tiene confianza en el gobierno. En la séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) el año pasado, el resultado que se obtuvo es que las instituciones en las que más confían los ciudadanos del país son la Iglesia, los vecinos y el Ejército, con un porcentaje de 68, 62 y 56 por ciento, respectivamente, mientras que los partidos políticos, los senadores y los diputados son en los que menos confían, con 13, 11 y 10 por ciento, respectivamente. “La impunidad es producto de un sistema de administración de justicia fallido que genera desconfianza en el sistema”, se dijo en el informe de actividades de 2010.

Por otra parte, con base en informes del mismo ICESI, el ciudadano no cree en la denuncia, por lo que el año pasado, sólo el 22 por ciento de las victimas presentaron denuncias, mientras que el 78 por ciento restante dijo no haberlo hecho porque: 38 por ciento cree que es pérdida de tiempo, 15 por ciento desconfía de la autoridad y 12 por ciento señaló que los trámites son largos y difíciles.

Asimismo, el ciudadano siente que no es tomado en cuenta en la formulación de soluciones, como dejó en claro la Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) realizada en 2008. Entonces, cerca de la mitad de los entrevistados opinó que en México se está más cerca de un gobierno que impone que de uno que consulta.

Los anteriores son tres de cinco puntos que forman parte del diagnóstico que ha llevado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular es Jorge Uscanga Escobar, a integrar un Plan Integral de Prevención Social como parte de las acciones para tratar de contener el problema de la inseguridad que se vive en la entidad, plan que se echará a andar este jueves 1° de septiembre.

El organismo plantea que la sociedad tiene la responsabilidad de capacitarse en el tema de seguridad social para convertirse en un contrapeso real de las instituciones que manejan la seguridad pública. Lo ideal –sostiene– sería que el ciudadano actuara como vigilante, denunciante y consultor del sistema de seguridad pública, pero además tiene también los retos de solicitar espacios de participación, exigir la rendición de cuentas a las instituciones y reclamar la transparencia y el monitoreo de las fuerzas policiales.

Suena bien que se empiece reconociendo que actualmente la Secretaría Ejecutiva no cuenta con un plan integral de prevención social que permita recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de la paz e impulsar la participación ciudadana para fortalecer la cohesión social.
Pero además, destacarse el señalamiento de que la sociedad no ha tomado parte activa ni proactiva en su comunidad, desapego que el diagnóstico atribuye en parte al gobierno porque no ha cubierto las expectativas ciudadanas.

Que desde adentro mismo del sistema oficial se reconozca y se diga que la sociedad no tiene confianza en el gobierno, que el ciudadano no cree en la denuncia y que siente que no es tomado en cuenta en la formulación de soluciones es ya un gran avance, pues no se puede buscar la cura de una enfermedad si no se empieza por reconocer que se padece.

Ante ese diagnóstico tan realista como preocupante, parece utópica la tarea que se emprenderá, pero bien dice el dicho que no hay peor lucha que la que no se hace, aunque habrá que ver cómo responden las diversas entidades del propio Gobierno del Estado así como las autoridades municipales, a las que se involucra en esta estrategia, pero sobre todo habrá que ver cómo convencen a los incrédulos y desconfiados ciudadanos para que participen.

El plan que iniciará este día, se dice en la presentación, se encuadra dentro de la política de seguridad pública que anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa en el Plan Veracruzano de Desarrollo, en la que se reconoce que en el país –y lógicamente en Veracruz– la seguridad pública se ha convertido en un elemento obligado de la agenda de los tres órdenes de gobierno y que la sociedad exige acciones eficaces contra la creciente violencia.

Todo lo que se haga hoy a favor de la paz social, en contra de la violencia y en el combate a la inseguridad, debe ser bienvenido.

En esta vertiente, tiene que saludarse bien el anuncio que hizo ayer el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de que no sólo serán reemplacados y con un chip especial los automotores que circulan en la entidad, sino que además se colocarán arcos con tecnología de punta en sitios estratégicos del estado que permitirán monitorear y, en todo caso, detectar cualquier irregularidad o anomalía que garantice la seguridad de los ciudadanos.

Acaso no se trate de algo similar como el sistema de vigilancia de los Estados Unidos, donde sin necesidad de que lo presencie algún patrullero o alguna otra autoridad hay radares y cámaras capaces de detectar o grabar si un conductor va a exceso de velocidad o a más de la permitida, si retorna en una vuelta prohibida, si se estaciona mal, si choca y trata de escapar o si en un vehículo viaja algún sospechoso, ante lo cual, en unos casos o en otros, o bien llega a la casa del infractor la respectiva notificación para que comparezca ante la corte o bien se activan las alarmas y se inicia una persecución, que siempre tiene éxito; acaso no se trate de lo mismo pero ojalá y sea algo parecido para tranquilidad y seguridad de la población.

Si se bien invierten nuestros impuestos para nuestra seguridad, eso tiene que reconocerse. En ese sentido, qué bueno que este reemplacamiento se hace en forma gratuita, pues el ciudadano está hasta el cuello y hasta el gorro con tantos aumentos en los precios de los productos y servicios públicos como los que hace el Gobierno Federal con los de las gasolinas y el gas, a pesar de lo cual seguramente el presidente Calderón saldrá hoy a decir, con motivo de su quinto y penúltimo informe –qué bueno que ya le queda poquito– que estamos en jauja.

Ojalá y todas estas acciones que se anuncian, que se complementan, obtengan resultados positivos y sean un eficaz apoyo a la sociedad.

Por cierto y a propósito de Jorge Uscanga Escobar, lo que son las circunstancias y las vueltas de la rueda de la fortuna… política.

Ayer por la tarde El Universal dio la primicia de que el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor ocupará la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir de este jueves y durante los próximos seis meses; o sea, la obtuvo Enrique Peña Nieto, próximo presidente de México, y Uscanga es en el estado el operador político del ex secretario de Gobernación Chuayffet.

El catemaqueño se va a meter fuerte a la pelea por una de las dos candidaturas del PRI a la senaduría. Ni lo dude. Acá, cuando a su dependencia le ponen o encuentra escollos, acuerda directamente con el Gobernador.