En Xalapa, definitivamente estamos ante otra Iglesia Católica, de avanzada, más comprometida con la justicia social, abierta a la discusión de los problemas de la modernidad, crítica pero reflexiva ante el poder, no complaciente, argumentativa, eso sí, como le corresponde, siempre bajo el espíritu de la pastoral cristiana.

En un hecho sorpresivo cuanto alentador por su peso moral y su influencia religiosa sobre la mayoritaria población del estado, pero también, creo, porque contribuye al fortalecimiento de la vida democrática de Veracruz, ayer, sin ambages, se sumó a las voces inconformes que demandan –aunque en su caso sin mencionarlos por sus nombres pero en una muy clara alusión– la libertad de María de Jesús “Maruchi” Bravo Pagola y de Gilberto Martínez Vera, acusados por el Gobierno del Estado como probables responsables en la comisión de los delitos de terrorismo equiparado y de sabotaje.

En “Prosa aprisa” de hace una semana (“Unidad, reconciliación, todavía es tiempo”), al expresar que no estaba de acuerdo con su detención, escribí: “Considero que Maruchi –a la que deseo en especial que no vea deteriorada su salud– y Martínez Vera sí cayeron en un grave caso de irresponsabilidad, de exageración y que no midieron las consecuencias de la difusión de mensajes alarmantes e infundados, pero no creo que encajen en el calificativo de terroristas. Dios no lo permita que de veras haya terrorismo en el estado”.

Ayer el Arzobispado de Xalapa a través de su vocero el presbítero José Juan Sánchez Jácome manifestó: “Evidentemente como cristianos no estamos de acuerdo con aquellos que, al mentir, alteran la paz y la tranquilidad de nuestros hijos y nuestras familias. Pero tampoco podemos darles el trato de asesinos o terroristas, aunque la ley así lo establezca. Precisamente por este tipo de incidentes hace falta provocar un debate sobre el tema y lograr una definición jurídica, dado que no existe en nuestra legislación una tipificación de este delito”.

Hace una semana expresé que el gobernador debía agotar todos los recursos políticos –el diálogo, uno de ellos, quizá el principal– antes de proceder a hacer uso de la ley para cuyo cumplimiento se requiere el uso del poder y que no debía escuchar a los partidarios de la mano dura, no para todos los casos.

“Debiera el Ejecutivo ordenar al procurador retirar los cargos y llamar a los acusados a la responsabilidad y a la colaboración en una acción donde no haya ni vencidos ni vencedores. Háganlo por Veracruz, les debiera decir como pedía siempre don Fernando (Gutiérrez Barrios). La juez que conoce del caso dejó una rendija legal: los consideró “probables” responsables. No se debe llegar a la sentencia definitiva de que lo son.

No se debe llegar a la frontera donde una vez que se pasa no hay vuelta posible. Todavía hay tiempo de evitarlo. Del enojo, de este enojo de las partes ahora no se debe llegar al rencor que anida para siempre y que enfrenta irremediablemente. Antes de que la justicia federal pudiera dar una resolución favorable a los detenidos, con el consecuente deterioro de la imagen gubernamental, debiera privilegiarse la magnanimidad en aras de la reconciliación y de la unidad. Todos ganaríamos”.

Ayer, la Iglesia Católica se expresó en igual sentido y utilizando el mismo concepto pidió magnanimidad y clemencia para los detenidos. “Apelamos, por lo tanto, a la benevolencia y al buen juicio del Gobierno del Estado para que valore la situación de estas dos personas con objetividad y ánimo propositivo, porque si bien es cierto que se está aplicando la legalidad, también es verdad que las leyes y la justicia están al servicio de los seres humanos”.

Y como para no dejar duda de que predican con el ejemplo al hacer su petición, trajeron a colación el caso del joven poblado detenido en Madrid, España, el mes pasado acusado de lanzar consignas de tipo terrorista en las redes sociales. “De su cuenta salieron una serie de comentarios que incitaban a atacar a los grupos opositores a la visita del Papa Benedicto XVI, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud”, recuerdan, aunque no citan, quién sabe por qué, que ese joven quedó en libertad casi enseguida.

El 5 de septiembre plantee que “ante enemigo tan peligroso como poderoso (la delincuencia organizada) lo que se necesita es unidad, unidad del gobierno con los ciudadanos y unidad de los ciudadanos en torno al gobierno” y que: “Debe reconocerse la preocupación del gobernador Javier Duarte de Ochoa por mantener el orden y la tranquilidad, que es lo que deseamos los veracruzanos, pero también, creo, debe procurar, ahora más que nunca, la unidad; hacer un frente común contra el verdadero enemigo”.

El presbítero Sánchez Jácome señaló en su comunicado de ayer que “las circunstancias apremiantes demandan la solidaridad”; que se requiere “sumarnos a un movimiento que busque la unidad y la fraternidad, condiciones indispensables para recuperar la paz en nuestras ciudades” y que: “En medio de la incertidumbre es sumamente alentador que cada vez más los distintos sectores de la sociedad se van pronunciando a favor de la unidad, más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas y religiosas. Nos va quedando claro que la lucha contra la violencia no sólo es tarea del gobierno sino que requiere del compromiso de todos”.

La sociedad se está manifestando, los medios de comunicación de todo el mundo también al igual que la comunidad cibernauta que ya no conoce fronteras, que piden la libertad de los detenidos. El tiempo pasa, la inconformidad crece y las demandas están en el aire. Ya me imagino que ahora que llegue al estado la Caravana por la Paz que encabeza el poeta Javier Cicilia las protestas van a arreciar.

Además de la salida política que plantee hace una semana como lo hubiera hecho don Fernando Gutiérrez Barrios, haciendo uso del diálogo, hay otra para acabar con el problema y rescatar la buena imagen del Gobierno del Estado.

Creo que llegó el momento en que el gobernador se debe plantear seriamente la permanencia del procurador Reynaldo Escobar en el cargo. Si la justicia federal falla a favor de los detenidos, como se prevé que va a ocurrir, el fiscal del estado quedará en entredicho como abogado en general, como abogado acusador y como representante legal de la administración y de paso dañará la imagen del gobierno estatal, que apenas es muy joven, como ya la dañó seriamente con una declaración inoportuna e imprudente que complicó la relación oficial con el diario más crítico del estado, Notiver, que en mucho es el que ha mantenido vivo el interés por la suerte de los twitteros detenidos. Sigo pensando que aún es tiempo de la reconciliación y de la unidad, que siempre será tiempo si de Veracruz se trata.