Nunca salió a la luz pública pero todavía viven protagonistas directos y testigos presenciales como el maestro Carlos Brito Gómez, entonces subsecretario de Gobierno, de cuando el gobernador Rafael Hernández Ochoa pretendió regalarle una isla a Fidel Castro, allá por Cabo Rojo, al norte del estado.

 

Eran los años del priismo sin oposición, del poder omnímodo, omnipotente,  autoritario, vertical, cuando jamás se le podía ni se le debía decir no al gobernador, a menos que se tuviera mucha autoridad personal, moral y legal. Eran los años dorados de la Revolución Cubana y la figura de Castro se enseñoreaba por todo el mundo. Se vivía entonces una excelente relación entre los gobiernos de México y de la isla, fortalecida por el rechazo abierto del presidente José López Portillo al aislamiento decretado por el gobierno norteamericano.

 

Era agosto de 1980 cuando se anunció la visita de López Portillo a la isla y, presto, Hernández Ochoa quiso quedar bien con Jolopo regalándole la isla a Castro. Bastó que el político de Santa Gertrudis municipio de Vega de Alatorre alzara la mano para que todos se dispusieran a cumplir el deseo del gobernador.

 

Se desató una inusitada febrilidad dado el alto propósito de que se trataba, pero sólo un hombre guardó la compostura. Sin ser a quien le habían encomendado el encargo, tan pronto se enteró dejó su oficina y se fue directo al despacho del Ejecutivo a quien con el mayor de los respetos pero también con toda la autoridad personal, legal y moral que poseía le preguntó si tenía idea del despropósito –esa palabra le gustaba mucho usarla, lo sé porque lo conocí bastante bien, como que me llegó a tener un afecto rayando en lo paternal, de lo cual algún día narraré– que se iba a cometer, si sabía que la Constitución lo prohibía.

 

Sus palabras cayeron como un balde de agua helada y de esa forma el entonces procurador de Justicia, maestro jurista Pericles Namorado Urrutia, acabó con aquella absurda pretensión y de paso salvó de problemas legales pero también del ridículo a quien era su jefe político y legal.

Nunca lo he tratado pero me da la impresión de que el señor Gerardo Buganza Salmerón es un hombre bueno, que, religioso, católico prácticamente, es un buen esposo, un buen padre de familia y un buen ciudadano; que debe ser un buen hijo, un buen hermano, con valores y principios.

 

Pero también, conforme pasan los días y veo su actuación, tengo la impresión de que no es el hombre apropiado para la Secretaría de Gobierno, no para la de un estado de la importancia y la complejidad de Veracruz; no para este momento; que le falta experiencia política, administrativa y legal, esas que sólo nutren los años tanto en el ejercicio de la militancia partidista como en la función administrativa, aprendiendo, conociendo los intríngulis del poder, los recovecos del aparato gubernamental, los mandamientos legales e incluso los recursos legaloides.

Extraña sobremanera que dentro del gobierno nadie lo frene ni lo refrene para que no haga una sola declaración más, porque está convertido en un verdadero chivo en cristalería en materia de declaraciones públicas y cada vez que abre la boca dice barbaridad y media, sinsentidos, que muestran su ignorancia legal, que lo exponen al ridículo, la burla y la crítica pero, peor aún, que expone terriblemente la imagen de la institución a la que sirve.

 

Extraña por qué lo meten todos los días a la radio para que haga declaraciones, a la radio del Distrito Federal, a la que está fuera del control oficial. Con todo lo que dijo acerca de los tuiteros es como para haberse ocupado de él para exhibir su ignorancia legal. En todo caso debieran escribirle lo que va a decir sin que le agregue una coma ni un punto más. 

El viernes 9 de septiembre, ufano informó que en los penales del estado ya se estaban usando inhibidores de llamadas telefónicas para los reos y custodios así como que se estaban grabando las mismas como una medida de mayor seguridad.

 

“Estamos implementando el inhibidor de llamadas, estamos implementando que las llamadas de los Ceresos puedan ser grabadas, sobre todo esto último es mucho más relevante porque es una innovación porque cualquier persona, no nada más los reos, sino los propios custodios a la hora de usar el teléfono tendrán una grabación”.

 

No tuvieron que pasar más que diez días para que su innovación y su mayor seguridad volaran por los aires hechos añicos, para que se probara que sus inhibidores y sus grabaciones sirven para maldita sea la cosa. Se le fugaron 32 reos.

 

El área está bajo su responsabilidad. Inexplicablemente el responsable directo, el titular de prisiones, está libre y poco faltó para que le ofrecieran disculpas cuando presentó su renuncia.

Pero lo que declaró entonces no deja dudas de la conveniencia de que al frente de la segunda instancia más importante del Gobierno del Estado esté un licenciado en derecho –él es ingeniero industrial y administrador de empresas–, alguien con experiencia, que sepa lo que dice, pues de esa forma el señor Buganza aceptó abiertamente que la administración pública estatal está vulnerando garantías contenidas en los artículo 14 pero más en el 16 constitucionales que prohíben actos de molestia como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y en el caso concreto que nos ocupa se está privando a reos y custodios de la libertad para decidir a quienes hacen partícipes  de su esfera privada de derechos, como cualquier estudiante de leyes lo sabe y que cualquier abogado que de veras sepa de derecho, en defensa de un afectado, puede ganar una demanda en contra de la administración pública estatal. Con un agravante más: por estrategia de seguridad lo que dio a conocer no se debió haber dicho públicamente.

Pero en el gobierno ya no hay Pericles Namorados Urrutias, ni con el carácter ni con la autoridad ni con el conocimiento legal ni con la experiencia del tuxpeño, que en paz descanse; que ayude, que oriente, que asesore al gobernador, que no lo meta en enredos legales como este de los tuiteros y otros que se han venido dando.

A partir de la declaración hecha candorosamente por el señor Buganza pero también por desconocimiento de la ley, bien se puede intuir que no le sirve al Ejecutivo pues no lo puede bien aconsejar sobre lo conducente; por el contrario, compromete la imagen de la administración toda.

 

Ya me imagino lo que han de pensar personas como Francisco Berlín Valenzuela, Luis Octavio Porte Petit, Ignacio Morales Lechuga (juristas los tres), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Dante Delgado Rannauro y Miguel Ángel Yunes Linares (muy políticos los tres) que pasaron por el cargo con un gran conocimiento de lo que debía hacerse correctamente aunque no fuera lo deseable.

Es muy joven la administración, apenas arrancó pero ya evidencia graves fallas por parte de algunos de sus integrantes. Acaso el gobernador Javier Duarte, de cara a su primer informe de gobierno y a la conclusión de su primer año de gestión, deba hacer ajustes, reacomodos, enroques, cambios o de plano ceses y allegarse y rodearse de colaboradores que de verdad lo ayuden.

 

El señor Buganza debiera poner de su parte, prestarle un gran servicio presentándole su renuncia con carácter de irrevocable.

Mientras, ¡ay!, pobre Gina, ya me imagino que le han de estar cargando todos los muertos y haciéndole pagar los patos y los platos rotos.