El lunes, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tuvo una larga reunión con los integrantes de su gabinete y a más de uno llamó la atención que para nada, según comentaron algunos de los asistentes, se refirió a los últimos hechos que estuvieron en el centro de la atención pública nacional y que sólo se concretó a revisar la agenda de trabajo de todas las dependencias. Me dio la impresión de que esperaban que les dijera o comentara algo de lo que había pasado o estaba pasando. Ayer se llevó a todo el gabinete a la región Poza Rica-Papantla-Tihuatlán-Coatzintla para anunciar obras y entregar equipo a los cuerpos de seguridad. Creo que hace bien en tratar de superar señalamientos, críticas, cuestionamientos, pues no se puede anclar ni paralizar habiendo tantos pendientes pero también tantas oportunidades de hacer muchas cosas.

Un hecho cierto, ciertísimo, es que las acciones violentas han dañado seriamente la economía del estado pero también la imagen del Veracruz turístico, lo que debe preocupar y ocupar a todos porque finalmente eso se traduce en pérdidas de empleo, en menores ingresos para muchas familias, en cierres de negocios, en alejamiento de inversiones e inversionistas, en escasez de fondos públicas y por lo mismo en menos recursos para combatir la pobreza y la desigualdad.

Todo lo ocurrido ha servido seguramente al Ejecutivo para conocer la capacidad de sus colaboradores, de sus fallas o carencias, de su inexperiencia, y seguramente en estos días previos a su primer informe de gobierno ha de hacer una evaluación lo más precisa posible de cada uno de ellos para saber en dónde tiene que apretar tuercas pero también en dónde tiene que hacer cambios.

La lluvia de críticas que se dejó venir sobre la actual administración debe servir de experiencia y de aprendizaje para tomar nota de lo que no se debe hacer o decir, pero también para evaluar en qué se falló o por qué se falló y, por tanto, qué se debe corregir o replantear. Es más que evidente que en tan poco tiempo algunos colaboradores ya desgastaron su imagen y pesan al gobierno.

Se advierte que el gobernador trata de superar, de remontar el mal momento trabajando, que es la mejor forma en que lo puede hacer. Habrá que ver si sus colaboradores se comportan a la altura de la crítica situación que vive el gobierno y si son capaces de ayudar a superar en el menor tiempo posible la imagen deteriorada que quedó.

Envié ayer a Joaquín Rosas Garcés, con la petición de que las publicara en su portal alcalorpolitico.com, unas líneas alertando sobre rumores malsanos, que ya habían crecido por la tarde, acerca de posibles ataques a plantes educativos públicos y privados por parte de la delincuencia, supuestamente para este jueves y viernes, dado que algunos padres sí  los creyeron. Mi interés fue decirles que no deben hacer caso porque con ello se sirve a los propósitos de quienes pretenden crear temor, zozobra, caos; que deben enviar a sus hijos a la escuela.

Pienso que quienes hacemos comentarios periodísticos o quienes ocupamos una trinchera en algún medio y hacemos opinión debemos coadyuvar con las autoridades a frenar este tipo de rumores, a crear el mejor clima para el desarrollo de las actividades diarias, que ya bastante daño de su imagen ha sufrido el estado,  y a evitar más situaciones como la de los célebres tuiteros, que sólo confrontan a los veracruzanos, gobernantes y gobernados.

Sé que el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha dado instrucciones precisas al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de estar pendiente de la seguridad de toda la población y en especial de los centros educativos. Normalmente informado como estoy por mi actividad periodística, sería el primero en lanzar la alerta si hubiera un peligro que expusiera a los niños, si en mi familia también hay menores en edad escolar.

Estos rumores no son privativos de Xalapa y para tratar de acallarlos, personalmente el secretario de Educación Adolfo Mota Hernández ha estado orientando también a través de los noticiarios de radio y de los medios que en los que ha podido.

De todos modos, a ver si no por informar de una situación que se extendió ayer al grado de causar seria preocupación corro el riesgo de que se me aplique el nuevo delito de perturbación del orden público.

Tiene razón el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Francisco Lara Arano, al decir que está a favor de las disposiciones de Tránsito y Transporte y de Seguridad Pública para quitar de los vehículos particulares los vidrios polarizados, pero que el operativo iniciado el martes debió haber comenzado con los vehículos oficiales asignados a funcionarios de la administración pública federal, estatal y municipal.

“El buen juez por su casa empieza. Yo pediría que pasaran al estacionamiento (del Palacio Legislativo) y que empiecen a ver los vehículos; hubieran empezado aquí (el operativo)”, apuntó al tiempo que señaló que retirar los vidrios polarizados de los vehículos es una medida buena y que  incluso la Ley de Tránsito y Transporte lo prohíbe, sobre todo por seguridad y visibilidad, “pero la ley es pareja y tiene que ser aplicada a todos; la ley es buena si se aplica a todos y es mala si se aplica a unos cuantos”.

No le falta razón al legislador, sobre todo cuando hay una sociedad alerta, informada, que por eso luego se opone o se rebela a las disposiciones oficiales. Sin embargo, seguramente en lugar de que se responda poniendo el ejemplo, al diputado se le va a ignorar o se le va a descalificar sólo porque es panista. Habrá que ver qué respuesta hay en la Legislatura.

Pero es de esperarse que ante la queja-denuncia del diputado Lara Arano, que además preside la comisión de Seguridad Pública, quien lo tome en serio sea el contralor general del Estado, Iván López Fernández, y haga que los primeros que cumplan con la medida sean los propios funcionarios del Gobierno tanto con los vehículos oficiales como con los de su propiedad, para responder además a la política del gobernador Javier Duarte de Ochoa de poner orden en la administración.