Uno de los asuntos pendientes que seguramente halló el nuevo Procurador General de Justicia Felipe Amadeo Flores Espinosa fue la denuncia que a decir del Contralor General del Estado Iván López Fernández presentó “a primera hora” del 3 de octubre pasado “para que se investigue y castigue a quien resulte responsable por la aparición de medicamentos faltos de control de calidad, mismos que estaban destinados para la atención a pacientes con cáncer”. 

 

Entrevistado en la fecha señalada, el funcionario informó que de acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo, una muestra del medicamento no contaba con el aval de la empresa farmacéutica.

Todo comenzó el 20 de agosto de este año cuando el funcionario reveló que se había iniciado un proceso administrativo contra funcionarios de la Secretaría de Salud del estado de la presente administración por la compra de medicamentos presuntamente clonados para el Centro Estatal de Cancerología (Cecan). “Empezamos ya un proceso administrativo por este asunto contra los que a ese momento hayan sido responsables del medicamento… el artículo (medicamento presuntamente clonado) se encontró en la presente administración”, manifestó entonces y aseguró que “en esta irregularidad están involucrados funcionarios de la actual administración y por lo tanto hay que esperar a que se hagan las aclaraciones y deslindes correspondientes”.

Pero ante su señalamiento, el 30 de septiembre el secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, dijo que era mentira la acusación y que no había reporte de lo declarado por López Fernández. “Pregúntele al Contralor, y con todo respeto que merece yo tengo un expediente hecho por la Contraloría Interna y por el Departamento Jurídico donde no tengo ninguna situación”.

 

Demandó entonces que se investigara a quien había dado a conocer la información y que se le preguntara sobre los medicamentos caducos, pues, insistió, él tiene una lista de los pacientes, “están sanos, vivos, tienen rostro y domicilio”, reiterando que todos los enfermos tratados con Lexatin están vivos y sin complicaciones. “En la investigación que tengo hasta este momento no hay ninguna situación irregular, todo partió de un medicamento que se observa con turbidez, la enfermera lo retira, no aplica, se manda a investigación y no se le encontró ninguna alteración”.

Pero, por lo que se vio, tal aclaración no satisfizo al Contralor quien volvió a la carga ya que cuestionado sobre lo dicho por Anaya Rivera señaló que se trataba de falta de información del responsable de Salud y entonces fue cuando anunció que había turnado el caso a la Procuraduría General de Justicia.

Independientemente del sesgo legal del caso, llama la atención el fuego cruzado entre dos funcionarios del mismo Gobierno, compañeros por lo menos –se supone– de equipo de trabajo si no amigos, pero más llama la atención que ni entonces ni hasta la fecha hubo alguien con poder de mando que les recordara que la ropa sucia se lava en casa, que los reuniera ante instancia superior y ahí, de una vez por todas, aclararan sus diferencias o les exigiera cuentas para ver quién tiene la razón, pero no, a tal grado que lo único que quedó en evidencia ante la opinión pública fue que ni adentro mismo de la actual administración se puede conciliar ni resolver.

Ante la denuncia legal que según el Contralor presentó ante la fiscalía del Estado, sería bueno saber qué grado de avance llevan las investigaciones o en qué estado dejó el anterior Procurador el caso, y como lo ventiló públicamente el titular de la Contraloría, la sociedad tiene derecho a saber el resultado pues de por medio está, en todo caso, si se comprueba, el mal uso de recursos públicos y, más grave, la vida de varias personas afectadas por cáncer.

A reserva de conocerse el resultado de la denuncia, en principio debe reconocerse que el órgano de control y vigilancia interna de la nueva administración vaya más allá de las palabras e incluso recurra a la denuncia penal, pero, todavía más, debe reconocerse también que este tipo de asuntos se ventile a la luz pública pues muchas veces se sabe de sospechas de anomalías o de anomalías que adentro mismo se tapan y nunca se sabe que haya un responsable y menos que se le sancione de la forma que sea. Lo ideal sería que se procediera en otros casos de todas las demás dependencias de Gobierno.

Por lo pronto, sea cual sea la causa del diferendo y el resultado que arroje la denuncia, la imagen del Gobierno del Estado ha quedado ya empañada a causa del asunto pues o hay un mal funcionario que no cumple con su responsabilidad y tolera anomalías en la dependencia a su cargo o hay un órgano fiscalizador que no investiga bien e incluso recurre a la vía penal sin las pruebas necesarias y suficientes, que cualquiera de las dos posibilidades se tendrá que confirmar al final y uno de los dos funcionarios quedará en evidencia.
Claro, en principio a ver si la Procuraduría investiga y si lo hace a ver si informa de lo que indague y diga a quién le asiste la razón.

 

El actual Gobierno proclama orden. Ahí tiene una buena oportunidad para demostrar que va en serio metiendo orden en los asuntos oficiales bajo el imperativo de que hay que predicar con el ejemplo.

En otro tema, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer sus palabras a una fiel lectora, compañera periodista y ahora funcionaria en el Gobierno del Estado de Tlaxcala: Aracely “Cheli” Batalla, directora de Noticias de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de aquel estado hermano. Chely, oriunda del Distrito Federal, es veracruzana por adopción, trabajó unos años en el puerto de Veracruz y luego emigró a Xalapa en donde trabajó otro buen tiempo en Radiotelevisión de Veracruz para de ahí pasar este año a la jefatura de Redacción de la ahora Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de donde emigró hace algunos meses al aceptar la invitación que le hicieron de Tlaxcala. En su nueva responsabilidad pone en alto el nombre de Veracruz pues es la referencia que lleva. Éxito, mucho éxito.

También, no quiero dejar de reconocer el buen trabajo, responsable y profesional, que realiza el joven Camilo González de León, otro joven veracruzano valioso y con mucho futuro político, presidente de la Asociación Civil Somos Mexicanos, organismo que promueve la conferencia magistral “Globalización y competitividad económica: nuevos retos para gobiernos locales eficaces” que impartirá el próximo viernes Otto Granados Roldán en el auditorio del Congreso del Estado a las seis de la tarde. Otto en sus inicios fue colaborador del semanario Punto y Aparte de Xalapa y luego llegó a ser vocero presidencial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y también  gobernador de Aguascalientes, entre muchos otros cargos. Camilo González es también vicepresidente de la Fundación Colosio en el estado.