​El gobierno de Puebla, a través de su secretaria de Finanzas y Planeación, María Teresa Castro Corro, acaba de revelar que existe un hoyo en las finanzas públicas de esa entidad, que heredó el extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta, fallecido repentinamente el pasado 13 de diciembre.

El dinero de los poblanos que anda bailando es por 600 millones de pesos, que el gobierno de Barbosa invirtió en el Banco Accendo, que se declaró en quiebra en septiembre de 2021.

Si bien todavía no dan por perdida la cantidad, casi ya tienen la certeza de que, en todo caso, no podrán recuperar la totalidad, pero de que perderán una cantidad, la perderán, si no es que toda.

Menciono el dato porque resulta que también el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a través de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), bajo la responsabilidad entonces de Roberto Ramos Alor, depositó 300 millones de pesos en dicho banco y a la fecha no se sabe sí hay algún avance en las negociaciones para recuperar ese dinero de los veracruzanos. 

En el caso de Puebla, apenas acaban de descubrir que Barbosa depositó el dinero, por recomendación del exsenador panista y exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien los convenció diciéndoles que el banco ofrecía una tasa de interés anual de 6%, superior a la otorgada por otras instituciones bancarias. ¿Cuánto cobraría Cordero por sus “servicios”?

Por experiencias pasadas se sabe que normalmente cuando un banco de poca monta ofrece esas tasas de interés elevadas es porque busca hacer negocios irregulares con sus clientes; con los más importantes, como los gobiernos estatales, prácticamente caer en prácticas de corrupción y hasta de lavado de dinero. 

¿Quién o quiénes recomendaron la inversión-negocio?

¿Quién recomendó a Ramos Alor arriesgar los 300 millones de pesos? ¿Quién recomendó, y a cambio de qué “comisión” y por cuánto, que invirtieran en una institución poco reconocida y no en una de prestigio que garantizara la seguridad del dinero? ¿Acaso el administrativo fue quien lo hizo por instrucciones de algún superior suyo para tener mucho “lodo” en el cual atascarse? ¿Quién o quiénes fueron los responsables?

Por lo cuantioso de los montos que manejan y los intereses que les pagan por depositarlos en alguna institución bancaria, en el lenguaje de los gobiernos se dice que ponen “a sudar” el dinero, o sea, se hacen negocios a lo grande, porque luego el monto invertido se recupera, pero normalmente todo lo que se paga por los intereses va a parar a los bolsillos de unos cuantos, que se llevan millones limpios de polvo y paja; es decir, se trafica con el dinero del pueblo.

Mientras el gobierno de Veracruz no aclare suficientemente del caso, cabe la especulación de que en realidad lo que hicieron Ramos Alor y sus compinches, o el administrativo y sus cómplices, o quién o quiénes hayan sido; lo que hicieron fue poner a “sudar” esos 300 millones de pesos, que por ahora están perdidos, pero que “sudaron” muchos millones que no se sabe a los bolsillos de quiénes fueron a parar.

Que se sepa, por el monto invertido, el gobierno de Veracruz no se encuentra entre los 69 acreedores que serán cubiertos con el seguro de depósitos que administra el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Cuando Hacienda revocó la licencia al banco Accendo, 96% de los ahorradores (en total eran 1,518), cuyos montos de inversión eran menores a 400 mil UDIs –2.5 millones de pesos– estaban cubiertos por el seguro de depósito.

El gobierno de Veracruz está entre los que tienen que esperar al remate de los bienes del banco, que se estima que llevará varios años y que se espera que alcance para muy poco, por lo que se da por hecho que si acaso podrá recuperarse solo una parte o posiblemente nada del monto invertido. O sea, nos habrán llevado al baile a todos.

Como en el gobierno de Puebla, en el de Veracruz hay un hoyo financiero grave. La pérdida de esos 300 millones acaso explica por qué hay muchas carencias y deficiencias en el sector salud y por qué –es posible–  han tratado de recuperar dinero haciendo adjudicaciones directas a proveedores o contratistas como Araly Rodríguez Vez.

Es condenable que por hacer negocios personales algunos funcionarios del gobierno cuitlahuista se hayan dedicado a especular con los recursos públicos, dinero ahora perdido, que si no se recupera tendremos que pagar todos los veracruzanos, mientras algunos vivales habrán llenado, hasta casi reventar, sus alforjas.

El escándalo de Segalmex hace recordar el de Araly Rodríguez

El 11 de marzo de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó en su conferencia mañanera que en México ya no había corrupción.

“Se lleva bastante avance, no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas, ya se acabó. Porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. Se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, eso es lo fundamental”, dijo mientras sostenía un pañuelo blanco.

A su arribo al poder, el presidente creó el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para sustituir a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). 

En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló inconsistencias por 2,346 millones de pesos durante 2021 solo en Segalmex dando, desde su creación en 2019, un acumulado de 15,151millones de pesos gastados sin rendir las cuentas correspondientes.

Hoy ya está claro, aceptado por el mismo López Obrador, que el organismo empezó a desviar fondos públicos prácticamente desde su creación, y la Fiscalía General de la República abrió investigaciones a partir de 22 denuncias por desfalco de fondos públicos. A la fecha el caso se volvió un verdadero escándalo y ya hay detenidos. 

El pasado 3 de abril, durante su conferencia mañanera se le preguntó a Andrés Manuel si conocía los antecedentes de Ignacio Ovalle en la Conasupo, recién extitular de Segalmex. Respondió que sí, pero que tiene una buena opinión de él: “… lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta, yo siento que él, y esa es mi opinión, lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada”, aunque matizó: “pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla".

O sea, siempre sí hay corrupción aunque son los colaboradores los que traicionan a los jefes. A Ovalle lo salvó (lo deja impune) sacándolo de Segalmex y nombrándolo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y del Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Operaron en forma muy similar al caso Veracruz

Una empresa enlodada en todo el cochinero de Segalmex, cuando Ovalle era su titular, es Servicios Integrales Carregín, que resultó ser una empresa fachada, que me hizo recordar a la empresa de Araly Rodríguez Vez.

Resulta que Carregín recibió 142.4 millones de pesos (la de Araly recibió más de 100 millones, o sea, por ahí van casi parejas) de Segalmex por una falsa compra de azúcar y, según reveló el diario Reforma, en apenas dos meses ¡esfumó el 82 por ciento del dinero!, que transfirió a 18 personas físicas y morales.

Basado en la carpeta de investigación de la FGR, el diario informó que tras recibir el pago de Diconsa el 22 de mayo de 2020, entre el 25 de mayo y el 30 de julio de ese año la empresa hizo 38 retiros por una suma de 116 millones 877 mil 566 pesos en favor de terceros. La propia Secretaría de Hacienda entregó a la FGR la lista de las personas y los montos que recibieron. Cuando recibió el contrato millonario, Carregín estaba registrada como una proveedora que solo tenía siete empleados y vendía hielo y agua.

En 2019 Araly Rodríguez Vez aparecía en el registro del SAT con un régimen fiscal como vendedora de ropa por paca, manejo de pequeñas misceláneas (reciclado de papel y cartón) y abarrotes, pero entre 2019 y 2022 vendió al Gobierno del Estado mobiliario médico, computadoras, sillas de ruedas, cubrebocas, discos duros y hasta botas para policías, entre otros, por más de 100 millones de pesos. ¿Será que en el gobierno de Veracruz contrataron a los mismos operadores de Carregín o que copiaron su “sistema de trabajo”?

El caso es que, por lo menos en el escandalazo de Segalmex, Hacienda federal y la FGR han investigado, trabajan de acuerdo, tienen ya a algunos presuntos responsables en la cárcel, hay más de 20 personas presuntamente involucradas que están identificadas, y no se sabe hasta dónde va a llegar la cola de la corrupción.

¿La Contraloría General del Estado presentará alguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, presta, la fiscal Verónica Hernández Giadáns abrirá una investigación para saber el paradero de los más de 100 millones de pesos adjudicados a la “empresa” de Araly, mientras que la Secretaría de Finanzas y el mismo SAT le entregarán una lista de involucrados y así sabremos quiénes, y por qué montos, retiraron el dinero?