El termómetro del estado se mantiene caliente.
A poco más de un año de que comience la inevitable etapa de sucesión gubernamental, en Veracruz se pueden palpar situaciones muy tensas, pese a los resultados y números que presentan las autoridades como alentadoras para un clima apto de tranquilidad y paz.

 

La capital del estado puede ser el reflejo de la temperatura política que ya se siente a escala estatal.

 

El ambiente de miedo por los recientes operativos policiacos en la región, no deja de ser un factor importante para que la sociedad muestre inquietud y temor por lo que pueda ocurrirle en las calles. En recientes meses, y está en los reportes periodísticos, crecieron los asaltos en carreteras a camiones de pasajeros.

 

Los comerciantes y empresarios, reunidos este miércoles con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, son síntoma de que es necesario calmar las inquietudes de este fragmento importante de la población y decirle que se está trabajando por mantener la seguridad y la calma en Xalapa; la reunión no es fortuita, mucho menos oculta la necesidad del Gobierno de Veracruz de acercarse a los sectores que se ven más vulnerables y podrían inclinar la balanza de la inversión a números rojos.

 

El fenómeno de las autodefensas, policías comunitarias, o vecinos vigilantes (como le quieran llamar) crece en importancia por el estado de indefensión de sectores vulnerables y el crecimiento de secuestros como ocurre en el sur de Veracruz, donde han llegado al grado de “levantar” a una niña de 6 años y a su abuelo.

 

Pero también la sociedad civil está harta no sólo de saber que en las calles se deben de tomar precauciones extremas por el ambiente tenso de seguridad, sino que también tienen que lidiar con el hecho de que son rehenes de grupúsculos dedicados al mercenarismo.

 

El reconocido académico cubano Néstor García Iturbe, en artículo titulado “Mercenarismo, una de las variantes del terrorismo” para la Agencia Latinoamericana de Información, describe lo anterior como “individuos que se ponen al servicio de aquel que más pague.

 

Se les menciona como asesinos a sueldo, criminales apátridas, sicarios, esbirros y otras denominaciones.

 

Su única bandera es el provecho económico que reciban, independientemente de si eso implica traicionar a su patria, asesinar a un amigo, torturar una persona o cualquier otro acto que el sentimiento humano y el sentir patriótico pueda rechazar”.

 

Protestas como la de Antorcha Campesina, que cierra el bulevar Arco Sur de Xalapa, porque --supuestamente-- la Villa Olímpica destinada a albergar a los atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, les afecta sus viviendas, sobra decir que es parte de esos chantajes comprobados que caen en el mercenarismo; es sabido que la historia de esta organización, más que de causa justa, tradicionalmente ha sido movilizaciones para presionar y afectar a terceros; u obligar al estado a negociar sus demandas.

 

Tampoco se justifica la acción de Liliana González Morales, maestra de la Universidad Anahuac que atropelló a tres manifestantes antorchistas que bloqueaban el Arco Sur, pero la señorita es el indicativo de que las marchas sin sentido, los bloqueos ridículos y las manifestaciones organizadas para inflar la popularidad de funcionarios del actual gabinete estatal, ya tienen literalmente hasta la madre a cualquier xalapeño.

Salvador Muñoz, en su muy leída columna LOS POLÍTICOS, titulada “Los Atropellados”, plantea cuestionamientos serios sobre el actuar de Antorcha Campesina en Xalapa y la presencia de su lideresa Minerva Salcedo Baca, actual diputada local: “¿Cómo es que siendo diputada no fue directamente a Palacio de Gobierno para llevar las demandas de sus correligionarios? o en el mejor de los casos: ¿Por qué no planteó ante Tribuna el reclamo antorchista de la Reserva Territorial? Y si lo hizo… ¿por qué no hicieron nada las autoridades?”.

 

Y así como Antorcha, tenemos a los 400 Pueblos, a los del Frente Cardenista y demás finísimas personas que llegan a la capital de Veracruz en calidad de organizaciones campesinas o sociales que “buscan” el beneficio comunitario.

 

La toma de la presa Yuribia y su radicalización extrema al romper tuberías para dejar sin agua a más de medio millón de habitantes de la zona sur de Veracruz, sigue la misma lógica del chantaje barbárico, sin sentido, sin causa justa, pues el vital líquido no es nadie y es de todos.

 

Pero antes que prevalezca el estado de derecho en Veracruz, estos grupos han abusado demasiado de la tolerancia que les rinden las autoridades, y podemos decir que nunca se encuentran bajo control, pese a que los gobernantes piensen --soberbiamente-- que así sea.

 

Los jóvenes integrantes del gabinete precisamente se han dejado manipular por grupos radicales al pensar que negociando y usándolos para beneficio de golpeteo político o votos potenciales para el PRI, las organizaciones antes mencionadas (entre otras) están totalmente aliadas.

 

Ha quedado comprobado, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales en Córdoba, que la presencia de organizaciones como Antorcha no hacen la diferencia en la votación, ni tampoco demuestra que tienen una lealtad inquebrantable al Partido Revolucionario Institucional.

 

La inclusión en el poder de personajes que hacen de la sangre y fuego su modus vivendi, como el diputado Renato Tronco Gómez (al que nadie le creyó que renunciaba a la política nomás porque es muy salsa) es también prueba de que los derechos de terceros pasaron a segundo plano al hacerle caso a un payaso de rodeo berrinchudo.

 

Y es que el acercamiento a estos grupos y el alejamiento del estado de derecho, sólo debilita al estado, pues quedan al margen las libertades de todos los ciudadanos que somos afectados por las marchas, manifestaciones, bloqueos, injusticias y atropellos que terminan resolviéndose en oficinas de Palacio de Gobierno a cambio de dinero, pero que tampoco se previenen, se evitan y, peor, se dejan crecer.

 

¿Por qué no actúan en consecuencia cómo lo hicieron con los maestros organizados en el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano? La lucha contra el MMPV es clara muestra de que cuando el estado se ubica del lado de los perjudicados, sus acciones siempre estarán respaldadas por la sociedad.

 

Esto, insistimos, a menos de un año del inevitable proceso de sucesión gubernamental, donde vemos sorpresas como… ¡Erick Lagos y Jorge Carvallo juntos en Tatahuicapan! Otra vez, firmando compromisos; otra vez, comprometiendo la palabra de gobierno; otra vez, consintiendo a los grupos que hacen de la toma de la presa Yuribia su modus vivendi; otra vez, sin aplicar la ley a quienes no tardan al rato en usar dinamita.

 

Ahí la llevan, vatos.